Confianza total en el recurso contra la Ley de Amnistía en CyL por vulnerar 14 artículos.

El Gobierno de Castilla y León, a través de su consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha expresado este jueves su total confianza en que el Tribunal Constitucional dará la razón al recurso presentado contra la Ley de Amnistía, argumentando que esta ley vulnera hasta catorce artículos de la Constitución Española.

El presidente de Castilla y León anunció que el Ejecutivo regional aprobaría el acuerdo de interponer el recurso, previo Dictamen favorable del Consejo Consultivo, y su consejero de la Presidencia ha detallado los pormenores del documento que presentarán antes del día 11 de septiembre al Constitucional.

El consejero ha manifestado su convicción de que el recurso tendrá éxito, siendo el primero que una Comunidad Autónoma presenta contra la Ley de Amnistía, la cual pretende extinguir la responsabilidad penal, administrativa y civil tras los actos del proceso secesionista en Cataluña.

Se espera que el Constitucional explique detalladamente su decisión, ya que el Gobierno regional está decidido a llegar "hasta las últimas consecuencias" para proteger los derechos de todos los ciudadanos, argumentando que la ley supone una quiebra del Estado de Derecho y del principio de igualdad entre españoles.

El acuerdo adoptado por la Junta se centra en demostrar la legitimidad del recurso, criticar jurídicamente la aplicación de la amnistía, y señalar los problemas específicos que la ley plantea en diferentes preceptos.

Se considera que la Ley de Amnistía afecta a los derechos de los ciudadanos de Castilla y León que residen o trabajan en Cataluña, así como a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado procedentes de dicha región.

El recurso argumenta que la Ley de Amnistía va en contra del estado de derecho, incumple el mandato de la Constitución y supone una reforma constitucional encubierta, entre otros puntos.

Además, se denuncia que la ley afecta la libertad ideológica y los derechos de las víctimas de la violencia moral y física relacionada con el proceso independentista en Cataluña.

Por último, se cuestiona que la Ley de Amnistía se defina a sí misma como singular, argumentando que los instrumentos legales ordinarios pueden ser eficaces para mantener la paz social y garantizar los derechos de los ciudadanos.