VALLADOLID, 13 de junio de 2025. En un reciente informe sobre la situación financiera de Castilla y León, se destacó que al cierre del primer trimestre de 2025, la comunidad ha logrado reducir su deuda hasta los 13.944 millones de euros, lo que equivale al 18,3 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB). Esta cifra representa un descenso de un punto porcentual respecto al mismo período del año anterior, cuando la deuda alcanzó un 19,3 por ciento.

A pesar de un incremento absoluto de 111 millones de euros en comparación con el año anterior, se ha notado una disminución en el peso de la deuda en relación con la economía regional. En comparación con el trimestre anterior, donde se situaba en 14.239 millones de euros, la comunidad ha experimentado una reducción de seis décimas, estando en una trayectoria que sugiere un control respetable sobre sus finanzas, a pesar de un leve aumento en términos absolutos.

Al comparar la situación de Castilla y León con respecto a otras comunidades autónomas, se observa que su deuda se encuentra por debajo de la media nacional, que se sitúa en un 21,0 por ciento del PIB. En este sentido, Castilla y León se posiciona con 2,7 puntos por debajo del promedio, lo que refleja un avance significativo en la gestión de su deuda pública.

El análisis revela que Castilla y León ocupa el octavo lugar en términos relativos en deuda sobre el PIB a nivel nacional, mientras que en cifras absolutas se mantiene como la sexta comunidad con mayor nivel de deuda en España, con Cataluña liderando la lista. Esta categorización subraya la necesidad de continuar trabajando por una administración responsable que priorice el bienestar económico de sus ciudadanos.

En el ámbito local, la deuda de las corporaciones municipales alcanzó los 23.000 millones de euros, representando un 1,4 por ciento del PIB, lo que indica también una disminución en relación al año anterior. En la ciudad de Valladolid, la deuda ha sido reportada en 149 millones de euros, una ligera mejora respecto a los números del trimestre anterior y del mismo período del año anterior.

Desde la Junta, se ha señalado que la contribución de Castilla y León al endeudamiento total de las comunidades autónomas en España se considera "reducida", representando el 4,12 por ciento del total, de 338.151 millones de euros. Este dato se suma a un panorama en el que la comunidad ha alcanzado el menor nivel de deuda con respecto a su PIB desde 2014, una hazaña que es testimonio de una gestión financiera más rigurosa y eficaz.

El informe también menciona que la Administración dispone de herramientas de crédito que suman un total de 214,3 millones de euros, lo que contribuye a la configuración de la deuda registrada. Adicionalmente, se incluyen otros mecanismos como el 'factoring sin recurso', que representan 55 millones de euros, demostrando los esfuerzos por optimizar la capitalización a través de recursos diversos.

En el primer trimestre de 2025, el análisis del endeudamiento financiero revela que la mayor parte de la deuda pública se concentra en emisiones de deuda, lo que significa que estas representan el 20,8 por ciento de la misma. La dependencia de financiamiento de fondos multilaterales también es notable, con cifras que ascienden a 1.588,2 millones de euros, lo que indica un enfoque diversificado y menos vulnerabilidad ante cambios en el mercado financiero.

La estabilidad del endeudamiento se refuerza por la estrategia de mantener el 99,5 por ciento de la deuda a largo plazo, minimizando los riesgos de refinanciación. De estos, un 70,5 por ciento está bajo interés fijo, lo cual protege a la comunidad de fluctuaciones en las tasas de interés, evidenciando una planificación que prioriza la seguridad económica.

Esta estrategia ha sido bien valorada por agencias de calificación como Moody's, que recientemente revisó al alza el perfil financiero de Castilla y León, equiparando su calificación con la del Reino de España, un reconocimiento que subraya la importancia de la gestión fiscal y el control de déficits en la comunidad.

Finalmente, en los próximos informes, se espera que el cuadro de endeudamiento general del sector público de Castilla y León, que considera entidades públicas no incluidas en el perímetro SEC 2010, proporcionará una visión más completa del estado financiero autonómico, reforzando la relevancia de la transparencia en la gestión de recursos públicos y el compromiso con el desarrollo sostenible de la comunidad.