VALLADOLID, 23 de junio. La jornada de hoy en la Audiencia de Valladolid ha sido testigo de un caso de gran relevancia social: se ha mantenido firme la solicitud de condena por parte de las acusaciones en el juicio contra Roberto A.A.D., un joven de 23 años de origen rumano. El caso gira en torno a la presunta violación de una joven en Medina del Campo, ocurrida el 11 de febrero de 2024, tras haberla conocido en una discoteca local.

El juicio, que concluyó en la Sección Cuarta de lo Penal, dejó al acusado en prisión provisional, donde ha mantenido su inocencia, argumentando que las interacciones con la denunciante fueron consensuadas. Sin embargo, sus declaraciones contrastan con las evidencias presentadas, incluida la camiseta que dejó en el lugar de los hechos, lo que la fiscalía ha interpretado como un indicio de su culpabilidad.

La supuesta víctima, acompañada por sus abogados, ha narrado los eventos de aquella noche en la discoteca Imperium, donde conoció al acusado. Aunque sí compartieron algunos momentos de baile, ella ha asegurado que no hubo consentimientos para mayor intimidad. Su relato continúa con el viaje de regreso a casa, donde no sabía que estaba siendo seguida hasta ser abordada violentamente al entrar en el edificio.

Según su testimonio, fue empujada por la espalda y sufrió un forcejeo durante el cual el acusado intentó agredirla de diferentes maneras. En un momento crítico, una vecina encendió la luz de la escalera, lo que obligó al joven a separarse; la víctima, en estado de shock, no logró gritar por ayuda. Sin embargo, al marcharse la testigo, el acusado la retuvo y le exigió realizar actos sexuales, usando un lenguaje que ha sido reconocido durante el juicio.

Finalmente, la joven logró zafarse, sintiéndose tan afectada que tuvo que vomitar antes de llegar a su hogar, instante en el que el agresor se dio a la fuga, dejando detrás su ropa. El testimonio de la vecina que presenció la escena y no advirtió la situación de violencia generó cierta controversia, ya que incluso les dijo a ambos que podían continuar con lo que hacían.

Por otro lado, un forense ha declarado en favor de la víctima, atribuyendo sus lesiones a una agresión y alineando su testimonio con el diagnóstico de un trastorno de estrés postraumático como resultado de los eventos. Las acusaciones han calificado los hechos como un delito de agresión sexual y lesiones, presentando peticiones que van desde diez años y tres meses hasta doce años de cárcel, buscando no solo justicia penal sino también reparaciones económicas por el daño sufrido.

En cuanto a la responsabilidad civil, la acusación pública ha solicitado indemnizaciones que ascienden a 30.000 euros, mientras que la acusación particular ha elevado su demanda a un total de 58.450 euros, destacando el impacto emocional y físico que la agresión ha tenido en la víctima.