24h Castilla y León.

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Desarticulan fábrica ilegal de perros Yorkshire en Burgos.

Desarticulan fábrica ilegal de perros Yorkshire en Burgos.

En Valle de Santibáñez, Burgos, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) ha descubierto un criadero ilegal de perros de raza Yorkshire y ha denunciado al propietario por diversas irregularidades, incluyendo la venta de los animales a través de redes sociales sin cumplir con las normativas establecidas.

Junto al dueño del criadero, también se identificó y denunció a un veterinario que colaboraba con él al recetar medicamentos sin prescripción mediante albaranes falsos.

Hace algunas semanas, el Seprona de la Comandancia de Burgos recibió una alerta anónima sobre la venta ilegal de perros a través de redes sociales por parte de un particular que, al parecer, operaba un criadero de Yorkshire sin las autorizaciones correspondientes.

Tras investigar la denuncia y obtener información sobre la ubicación del criadero, las autoridades llevaron a cabo una inspección en las instalaciones en presencia del dueño. Se encontraron dos salas, una destinada a la cría y cuidado de los perros y otra para el almacenamiento de material y medicamentos.

En la primera sala, que albergaba a 77 perros (49 adultos y 28 cachorros), se constató que los animales no tenían suficiente espacio ni condiciones adecuadas para su bienestar. Además, se descubrió que varios perros no tenían microchip, vacunación ni desparasitación obligatoria, lo que representa un riesgo para la salud de humanos y animales.

En la segunda sala se encontraba una gran cantidad de medicamentos, algunos de los cuales estaban caducados y no tenían receta médica. Estos medicamentos habían sido "recetados" por un veterinario en complicidad con el criador, a través de albaranes falsos que no justificaban su uso.

El propietario no contaba con la documentación necesaria para operar legalmente el criadero, como licencia ambiental e inscripción en el registro de núcleos zoológicos de la región. Los perros eran vendidos a través de redes sociales a precios que variaban entre 200 y 1.500 euros, sin la documentación adecuada para respaldar su procedencia y estado de salud.

Las autoridades han informado a las autoridades locales y regionales sobre estas irregularidades, con el objetivo de tomar medidas adecuadas para proteger tanto a los animales como a los consumidores.