Una red de explotación laboral que operaba en las provincias de León, Burgos, Valladolid y Ávila ha sido desmantelada por la Guardia Civil, lo que ha llevado a la detención de tres individuos y la apertura de investigaciones sobre un cuarto sospechoso. Las víctimas de esta organización, muchas de las cuales fueron atraídas desde su Colombia natal, se vieron obligadas a realizar tareas de vigilancia en condiciones deplorables.

En total, se identificaron a seis víctimas que trabajaban sin contrato y en condiciones de extrema precariedad. Estas personas, cuyas jornadas laborales a menudo se extendían durante más de 500 horas sin descanso, eran distribuidas en diferentes empresas, muchas de las cuales se encontraban alejadas de las áreas urbanas, lo que complicaba aún más su situación.

Según el comunicado oficial de la Guardia Civil, los miembros de la organización utilizaban tácticas de engaño y manipulación para atraer a sus víctimas, prometiéndoles una vida mejor en el país europeo. Sin embargo, una vez en España, se encontraban atrapadas en un ciclo de explotación, obligadas a trabajar para una "empresa" de seguridad que en realidad era un fachada para su actividad delictiva.

A pesar de recibir un sueldo, este era significativamente inferior al mínimo legal, representando apenas un tercio de lo que deberían haber cobrado. Las condiciones en que vivían eran inhumanas: las víctimas dormían en el suelo sobre cartones y no tenían contacto con el exterior, en instalaciones que no cumplían las mínimas normas de higiene y salubridad.

La Guardia Civil ha señalado que el modus operandi de la organización se basaba en el abuso de poder y el engaño, dirigidos a personas en situaciones de vulnerabilidad, sin familia o apoyo en el país. Este mecanismo aseguraba su subordinación y dependencia hacia los delincuentes.

Las autoridades han indicado que la operación no ha concluido, y se están llevando a cabo esfuerzos adicionales para identificar a otras posibles víctimas bajo circunstancias similares. Los detenidos, junto con las pruebas recolectadas, están bajo la jurisdicción del Juzgado de Instrucción número 5 de León, mientras se desarrolla el caso.

Esta intervención es parte del "Plan de actuación contra la Trata de Seres Humanos", que está en vigencia en la Comandancia de la Guardia Civil de León, un esfuerzo crucial en la lucha contra la explotación humana en todas sus formas.