Un piloto se encuentra en el centro de la controversia tras ser identificado y denunciado por la Policía Nacional por realizar vuelos no autorizados sobre la ciudad de Ávila en un momento crítico, cuando las inundaciones de los ríos Chico y Adaja estaban amenazando la seguridad pública.

Los incidentes ocurrieron el 21 de marzo, durante la alerta de emergencia de Nivel 2 emitida por la Junta de Castilla y León, que se activó a raíz del desbordamiento de los ríos y el riesgo de inundaciones en la región. Esto llevó a las autoridades a establecer un puesto de mando avanzado conocido como CECOPI para coordinar la respuesta a la emergencia.

Según la denuncia, el piloto utilizaba un sistema de gafas de visión colocadas a nivel de sus ojos y un joystick para controlar drones del tipo FPV. Esto le permitía operar sin mantener contacto visual directo con el drone y sin contar con observadores que lo asistieran, lo que generaba serias preocupaciones sobre la seguridad de las operaciones aéreas en esa situación crítica.

Las grabaciones de sus vuelos fueron compartidas en una plataforma de Internet que permite la publicación de videos, creando un canal dedicado a documentar las vistas aéreas de Ávila y sus alrededores. Sin embargo, las autoridades han indicado que muchas de estas grabaciones se llevaron a cabo sin las autorizaciones necesarias y sin cumplir con las normativas que protegen las zonas sensibles del municipio.

El piloto denunciado podría enfrentar multas significativas debido a su desobediencia a las regulaciones de Seguridad Aérea establecidas por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). Las sanciones varían desde 60 euros para infracciones leves hasta 225.000 euros para faltas muy graves. Además, las violaciones en áreas protegidas, como las Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA), podrían acarrear cargos adicionales por parte de la Gerencia de Medioambiente de la Junta de Castilla y León.