La Audiencia Nacional ha emitido una sentencia condenando a cuatro de los seis acusados en la pieza de la Operación Púnica centrada en la provincia de León. Los acusados son el expresidente de la Diputación y alcalde en funciones de Cuadros, Marcos Martínez Barazón, Pedro Vicente Sánchez (coordinador general e interventor de la Diputación) y Manuel Jesús López Sánchez, además del informático y consultor Alejandro de Pedro.

La condena es por delitos continuados de prevaricación y establece penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público, que van desde los 4 años y 3 meses hasta los 8 años y medio.

La investigación se centró en los contratos irregulares de reputación personal online acordados por la Diputación de León para la que fuera su presidenta Isabel Carrasco y su sucesor Martínez Barazón, así como otra serie de contratos adjudicados a las empresas del consultor Alejandro De Pedro.

Los magistrados de la Sección Primera imponen una pena de 8 años y 6 meses de inhabilitación especial con la atenuante simple de dilaciones indebidas a Martínez Barazón. A Alejandro de Pedro le condenan a la pena de 4 años y 3 meses de inhabilitación.

Tanto José Antonio Alonso Conesa, socio de De Pedro en las empresas Madiva y Eico, como la trabajadora de estas compañías Guadalupe Caballero, resultan absueltos, al igual que ambas mercantiles.

Los acusados han sido absueltos de los delitos continuados de fraude a la Administración, falsificación en documento mercantil en concurso con malversación de caudales públicos y cohecho de los que les acusaba la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular ejercida por Adade.

La Audiencia Nacional considera probado que De Pedro, en connivencia con el acusado Marcos Martínez Barazón, presidente de la Diputación durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2014, llevaron a cabo un procedimiento administrativo irregular que se seguía en la Diputación de León para la adjudicación de la publicidad institucional.

Los acusados "garantizaban el pago inmediato del importe de las mismas" mediante el trámite de urgencia, "aplicando de forma incorrecta" la denominada doctrina del enriquecimiento injusto. Esto infringía de forma "clara y patente" la normativa establecida en la Ley de Contratos del Sector Público. Además, evitaban que otros medios de comunicación pudieran optar y acceder a la publicidad institucional de la Diputación de León.