El 16 de septiembre en Valladolid, el Fiscal Anticorrupción Tomás Herranz ha reafirmado la validez de la investigación sobre la denominada 'trama eólica', que involucra a trece acusados, incluyendo altos funcionarios de la Junta de Castilla y León y empresarios. Estos están siendo investigados por presuntos delitos relacionados con la concesión de permisos para parques eólicos entre 2000 y 2015, un periodo en el que supuestamente se establecieron acuerdos ilícitos. Herranz también ha desestimado los argumentos de los encausados sobre la prescripción de los delitos, señalando que la conducta del exviceconsejero de Economía, Rafael Delgado, fue continua y delictiva.

En el primer día del juicio, las defensas de los implicados presentaron varias objeciones, pidiendo la nulidad de la causa y alegando la prescripción de los delitos. Sin embargo, en un giro importante, las acusaciones, lideradas por Herranz, respondieron solicitando que estas objeciones fueran desestimadas, instando al tribunal a esperar hasta la fase de testimonios antes de tomar decisiones sobre estas cuestiones.

Herranz, en su intervención, enfatizó la gravedad de las acciones de Delgado, a quien acusó de cometer delitos de manera sistemática desde 2004 hasta los recientes actos de blanqueo de capitales que se le atribuyen. Rechazó las alegaciones de la defensa sobre la prescripción de delitos y defendió la integridad del informe del inspector de Hacienda, Juan Tocino, que fue crucial para el inicio de esta causa penal, afirmando que no se vulneraron derechos fundamentales en su presentación.

El Fiscal aclaró que el informe de Tocino, que obtuvo la aprobación de los servicios jurídicos de la Agencia Estatal Tributaria, justificó la remisión del caso a la Fiscalía. Subrayó que cualquier denuncia introducida por este inspector habría tenido el mismo peso legal, independientemente de la cadena de mando.

En relación al delito de cohecho, Herranz subrayó que hay evidencias que sugieren un acuerdo entre Iberdrola y funcionarios de la Junta, destacando la participación de Delgado siguiendo las órdenes del entonces consejero Tomás Villanueva. Según el Fiscal, no han pasado los quince años necesarios para que estos delitos se consideren prescritos.

La abogada del Estado, que representa a la Agencia Estatal Tributaria, también defendió la legalidad del informe de Tocino, argumentando que se trataba de una obligación legal y no un simple acto administrativo. Añadió que las irregularidades encontradas en la inspección son suficientes para justificar la persecución de los delitos denunciados.

Las acusaciones particulares, que representan a empresas afectadas económicamente por esta trama, también intervinieron para reafirmar su derecho a personarse en el proceso penal, destacando cómo las maniobras ilegales han comprometido sus proyectos en el sector eólico.

El juicio reanudará el próximo 6 de octubre, cuando comenzará la fase de testimonios, en la que se espera la comparecencia de más de ochenta testigos ante el tribunal de la Audiencia de Valladolid.

La 'trama eólica' se originó cuando la Junta decidió promover el sector de las energías renovables, incluyendo parques eólicos, como parte de una estrategia para diversificar la economía de Castilla y León. Se estableció un mecanismo en el que los promotores debían incluir participación de empresas locales, amenazando con la negativa de autorización si no cumplían con este requisito.

De esta manera, la autorización para operar parques eólicos solo se concedía si se garantizaba la inclusión de un socio local. Rafael Delgado, impulsor de este cambio administrativo, creó una fase de 'competencia por evacuación', que favoreció a aquellos que cumplían con esta condición, lo que ha quedado detallado en las acusaciones.

El total de las penas solicitadas para los trece acusados asciende a 123,5 años de prisión y multas que suman 850 millones de euros. Delgado se enfrenta a la mayor pena, con 42 años de cárcel y una multa de 239 millones, seguido por empresarios que también enfrentan penas significativas por su implicación en los delitos.