El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ávila ha decidido ampliar por seis meses más la investigación que involucra a varios funcionarios del Centro Penitenciario de Brieva, acusados de haber mantenido relaciones sexuales con la reclusa Ana Julia Quezada a cambio de distintas compensaciones, incluida la entrega de un teléfono móvil a la condenada por el asesinato del niño Gabriel Cruz.

En un auto emitido este lunes, al cual ha tenido acceso Europa Press, el juez ha argumentado la necesidad de ampliar las indagaciones debido a que aún quedan actuaciones pendientes. "Es fundamental completar la instrucción de manera exhaustiva para poder emitir una resolución adecuada", señala el documento, citando la normativa del artículo 779.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Esta prórroga se produce tras recientes declaraciones en el tribunal, entre ellas la de un educador del centro penitenciario, quien reveló que Quezada había amenazado con "destruir" el penal al amenazar con la difusión de grabaciones íntimas donde ella aparece con varios funcionarios, a menos que se le permitiera su traslado a Barcelona.

El educador explicó que la reclusa había hecho esta amenaza durante una entrevista en julio de 2024, buscando forzar su traslado a un centro cercano a su pareja, que reside en Barcelona, y las insinuaciones de Quezada habrían tenido como trasfondo su solicitud formal de traslado.

Uno de los funcionarios involucrados, el ex cocinero del penal identificado como A.M.H., también admitió haber sido citado ante el juez, donde se declaró inocente y atribuyó la representación de Quezada a su negativa a ceder a sus insinuaciones. Relató que, si bien Ana Julia se acercaba a él de manera provocativa, él siempre rechazó sus avances.

A.M.H. también informó que Quezada le había solicitado que contactara a su novia para llevarle ropa de abrigo. Sin embargo, la pareja de la reclusa, quien también compareció ante el juez como testigo, aseguró que fue el propio cocinero quien facilitó el acceso a un teléfono móvil a su novia.

La acusación popular en este caso la representa Patricia Ramírez, madre del niño asesinado por Quezada, quien ha insistido en la relevancia de tomar declaración a otra reclusa que podría tener pruebas clave sobre el caso, aunque su testimonio ha sido desestimado en ocasiones anteriores.

Otro funcionario bajo investigación, S.T., ya había comparecido en el tribunal para desmentir, bajo el consejo de su abogado, cualquier implicación en supuestos favores a cambio de relaciones con la reclusa.

El caso sigue en la mira del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ávila, que investiga posibles delitos de cohecho según el artículo 443.2 del Código Penal, en relación con presuntos tratos privilegiados otorgados a la reclusa por algunos de los funcionarios, quienes han sido suspendidos de sus funciones como resultado de estas acusaciones.