VALLADOLID, 20 Sep.

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha responsabilizado a la Junta de llevar a cabo "políticas asesinas" en las residencias de ancianos durante la pandemia de Covid-19, lo cual ha llevado al PP a rechazar sus declaraciones y solicitar que sean retiradas del diario de sesiones de las Cortes.

Según Fernández, durante los meses más críticos de la pandemia, fallecieron en la Comunidad 2.338 personas mayores con Covid-19, de las cuales más del 70 por ciento murió en residencias.

El procurador de Unidas Podemos considera que esta situación se produjo debido al "protocolo de la vergüenza" a través del cual, según su relato, la Junta ordenó no trasladar a los ancianos de las residencias a los hospitales, lo que resultó en su muerte de manera indigna.

"La única responsabilidad de asesinar, de enviar a la muerte a más de 2.000 mayores, fue del PP, que dio la orden expresa de no trasladar a los ancianos de las residencias a los hospitales, condenándolos a la muerte, fue el Partido Popular", afirmó Fernández.

Estas declaraciones llevaron a que la procuradora del PP, María de las Mercedes Cófreces, pidiera al representante de Unidas Podemos que retirara esas palabras, a lo que Pablo Fernández matizó diciendo que se llevaron a cabo "políticas asesinas". La representante del PP volvió a solicitar la retirada de esas palabras, pero finalmente no fue aceptada por el representante de Unidas Podemos.

El procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, quien también es médico, afirmó en una intervención posterior que en ningún momento recibió órdenes de no trasladar a los ancianos, algo que, según explicó, la Junta dejó bajo el criterio médico. "Nunca se me dijo que estaba prohibido trasladar", concluyó.

Por su parte, el procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, quien también intervino en el debate, defendió que durante la pandemia él y su partido hicieron todo lo posible por disminuir el daño y afirmó que no se pueden considerar políticas asesinas. "Hubo políticas para intentar disminuir el daño", defendió.

Esta cuestión centró gran parte del debate en torno a la Proposición No de Ley presentada por Fernández, que finalmente fue rechazada con los votos en contra del PP y Vox, a pesar de contar con el apoyo del PSOE y UPL-Soria Ya.

La propuesta buscaba lograr un cambio radical en el modelo residencial en Castilla y León con el objetivo de corregir la actual situación en la que más del 70 por ciento de las plazas residenciales en la Comunidad son privadas.

El representante de Unidas Podemos también mencionó el Proyecto de Ley presentado por la Junta sobre este tema, que según él promueve la privatización y profundiza la desigualdad en un servicio que debería ser igual para todos, independientemente de su capacidad adquisitiva o nivel de renta.

Ante esta situación, Fernández propuso que lo público sea la regla general y lo privado sea lo excepcional, así como la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores del sector.

Sin embargo, el procurador de Vox Miguel Suárez Arca se mostró en contra de la propuesta de Unidas Podemos y utilizó una serie de calificativos para describir el modelo propuesto, algo que fue criticado por Fernández.

"Estas propuestas en apariencia benévolas y bondadosas provienen de aquellos que abrazan la ideología más deplorable, abyecta, atroz, execrable, aberrante, maligna, vomitiva y genocida de la historia de la humanidad", afirmó Suárez Arca.

Según él, el modelo propuesto por Unidas Podemos es el de aquellos que desean abolir la familia, que trabajan para romper España y que odian la civilización.

Por último, la procuradora del PP Noemí Rojo Sahagún señaló que la PNL es una repetición de la presentada en 2020 y la calificó como un "claro ejercicio de vagancia y oportunismo".

Aseguró que la calidad del servicio, la prioridad y la atención no se verán condicionadas por la participación económica del usuario. También garantizó que no ha habido ni habrá ningún retroceso de derechos, y que esta PNL afecta directamente a uno de los principales ejes de todas las políticas del Gobierno.