Fiscalía solicita diez años de prisión para tres implicados en la importación de 862 kilos de cocaína oculta en carbón desde Colombia.

Una destacada operación conjunta entre las fuerzas policiales de España y Portugal ha dado como resultado el descubrimiento de un envío de cocaína en Medina del Campo, Valladolid, valorado en 33 millones de euros. Esta incautación es considerada uno de los mayores golpes al narcotráfico en la región y refleja los avances en la cooperación internacional en la lucha contra este delito.
La Fiscalía de Valladolid ha solicitado penas de diez años de prisión y multas de 33 millones de euros para tres individuos detenidos en el verano de 2021, quienes son acusados de ser parte de una de las más importantes redes de distribución de cocaína en el País Vasco. Este grupo utilizaba un método innovador, ocultando la droga en carbón vegetal a través de un proceso químico sofisticado. La operación culminó con la confiscación de 862 kilogramos de cocaína, la cantidad más significativa incautada hasta el momento en Castilla y León.
Los tres acusados, que aparecerán ante la Audiencia de Valladolid el 27 de mayo, incluyen a Julio Ángel P.A, Gabriel M.G y Abdelkrim M. Además de enfrentar tiempo en prisión, se les exige el reembolso del valor total de la droga confiscada, que asciende a 33.263.703 euros, según fuentes legales consultadas por Europa Press.
La operación fue el resultado de más de un año de investigación en colaboración con la Policía Judiciaria de Portugal, que culminó con la detención de estos individuos en Medina del Campo. El líder del grupo, Julio Ángel P.A, ha sido un conocido narcotraficante en España, con conexiones que se extienden a nivel internacional y una trayectoria que incluye un arresto en Bolivia por narcotráfico.
Las investigaciones comenzaron a principios de 2020 al observar importaciones sospechosas a través de una empresa inmobiliaria. Las autoridades, preocupadas por la incongruencia entre el objeto social y las mercancías importadas, identificaron un entramado empresarial donde predominaron las sociedades de escasa actividad dedicada a rubros variados, desde la administración de propiedades hasta la importación de alimentos congelados.
Lo que más captó la atención de los investigadores fue el uso sistemático de testaferros, con el fin de encubrir la identidad del verdadero cabecilla, Julio Ángel P.A, conocido por su implicación en el narcotráfico en el norte de España. La investigación intensificó el control sobre él y su mano derecha, un ciudadano argelino, a medida que se profundizaban las conexiones entre las distintas empresas implicadas.
La coordinación de las autoridades permitió el seguimiento de las importaciones, revelando un trato irregular en el puerto portugués utilizado por el grupo. Dichas importaciones fueron inspeccionadas, resultando positivas en cocaína, lo que llevó a un operativo más amplio.
La naturaleza del método utilizado por estos narcotraficantes, que era ocultar la cocaína en carbón vegetal mediante un procedimiento químico inédito, complicó la detección de la sustancia. Este camuflaje involucraba eliminar el olor característico de la droga, haciéndola indetectable para los perros entrenados en narcóticos. La operación fue diseñada de tal manera que solo un pequeño porcentaje de los sacos transportados contenía droga, lo que dificultaba aún más el descubrimiento por las autoridades.
Una vez que el cargamento llegó a Medina del Campo, se establecieron dispositivos de vigilancia para interceptar el proceso de recepción y procesamiento de la droga. El sistema de ocultación utilizado por los narcotraficantes destacaba la necesidad de colaboración transnacional para luchar contra el narcotráfico en el espacio Schengen.
El grupo tenía planes de procesar la cocaína en laboratorios ubicados en el País Vasco, utilizando una nave alquilada en Medina del Campo que estaba lejos de cumplir con los requisitos necesarios. Al llegar los contenedores, un operativo masivo se desplegó para detener a los involucrados en esta compleja red.
Además de las detenciones de los principales acusados, se arrestó a una tercera persona por ser cómplice en el alquiler de las instalaciones para fines ilegales, resaltando la amplia colaboración que existía dentro de esta organización. La operación concluyó con varios registros en el País Vasco y en las instalaciones asociadas al grupo criminal.
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