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Funcionario de Correos en Valladolid recibe condena de 20 meses de prisión por falsificación de firmas.

Funcionario de Correos en Valladolid recibe condena de 20 meses de prisión por falsificación de firmas.

VALLADOLID, 4 Abr. — Un empleado de Correos ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía que le permitirá eludir una dura condena tras ser acusado de falsificar firmas de destinatarios en diversas entregas de correspondencia. El acuerdo contempla una pena de 20 meses de prisión y una multa de 1.080 euros, en contraste con los seis años de cárcel y una multa de 3.600 euros a las que podía haberse enfrentado originalmente.

El acusado, cuya culpabilidad ha sido confirmada en relación a un delito de falsedad en documento oficial, ha reconocido su implicación en este caso, que afecta gravemente la confianza en el servicio de correos. Este delito fue tipificado bajo el artículo 390 del Código Penal, y las consecuencias de su conducta han resultado en un daño económico estimado en 8.300 euros para los afectados, que se vieron privados de comunicaciones importantes, incluidas notificaciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

Para mitigar la pena, el procesado ha compensado a los perjudicados, lo que ha sido considerado como una atenuante a su favor. A consecuencia de esta acción reparadora, ha sido sentenciado a una pena menor, que incluye no solo la prisión, sino también una inhabilitación especial de dos años para ejercer cualquier cargo público, así como una multa diaria durante seis meses que podría ser convertida en responsabilidad subsidiaria en caso de impago.

Eduardo R.C., el acusado, ha estado vinculado a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S.A. desde el 1 de junio de 2007, desempeñándose en la Unidad de Distribución de Laguna de Duero, en Valladolid. Su labor como repartidor incluía la clasificación y entrega de correspondencia en la demarcación de Herrera de Duero, donde se le encomendó la importante tarea de gestionar la entrega de notificaciones y cartas.

Sin embargo, aprovechando la confianza depositada en él, simuló las firmas de los destinatarios en al menos cuatro ocasiones, en un período que abarca desde el 20 de diciembre de 2017 hasta el 11 de julio de 2018, utilizando su dispositivo digital de entrega para registrar falsamente que había cumplido con su deber de notificación. Este caso resalta la necesidad de una vigilancia más estricta sobre los empleados públicos y subraya la importancia de la integridad en servicios fundamentales como el de correspondencia.