VALLADOLID, 4 de abril. Este viernes, miles de trabajadores públicos se han hecho escuchar en diversas localidades de Castilla y León, en respuesta a una movilización organizada por CSIF. El propósito de estas manifestaciones es exigir al Gobierno una nueva negociación sobre salarios que mejore las condiciones laborales en el sector público, una reivindicación que ha resonado en todas las provincias de la comunidad.

En Ávila, un grupo de aproximadamente veinte personas se congregó bajo la lluvia frente a la Subdelegación de Gobierno. Armados con paraguas y diversas pancartas, pidieron un aumento salarial que refleje la subida del IPC y anhelan recuperar el poder adquisitivo que se perdió desde los recortes de 2010, cuyo impacto sigue siendo doloroso.

El CSIF ha calificado como “inaceptable” que los empleados públicos continúen sufriendo una merma en su capacidad adquisitiva, en contraste con otros sectores que experimentan ajustes salariales automáticos. El sindicato se ha manifestado con urgencia, solicitando al Gobierno que se aplique la subida salarial adicional de 0.5% para 2024, similar al procedimiento utilizado recientemente para el personal militar.

Mariano Prieto, vicepresidente del sector de administración pública del CSIF en Castilla y León, ha expresado su preocupación por la considerable pérdida de salarios desde los recortes impulsados por el gobierno de Zapatero, que ha llevado a una reducción de más del 20% en los ingresos de los empleados públicos desde 2010, sumados a un 8.3% desde el acuerdo con CCOO y UGT. A su juicio, existe una sospecha de que las partidas presupuestarias destinadas a estos aumentos se estén desviando hacia el “dos por ciento del gasto en Defensa”.

Los reclamos no han sido exclusivos de Ávila. En Burgos, la misma consigna se escuchó en una concentración organizada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), donde se demandó un acuerdo salarial más equitativo que aborde la inflación y recupere el poder adquisitivo perdido desde los recortes. Los manifestantes advirtieron sobre las posibles consecuencias de no atacar la precarización que enfrenta el sector: el colapso del sistema público.

La ciudad de León no se quedó atrás, donde alrededor de cien afiliados a CSIF también se reunieron frente a la Subdelegación del Gobierno. La líder de la organización provincial, Ofelia Rodríguez, leyó un manifiesto exigiendo un acuerdo más justo que garantice la actualización de salarios de acuerdo al IPC y la recuperación del poder adquisitivo perdido.

Federico Martín, presidente provincial de CSIF en Salamanca, subrayó la desatención que sienten los empleados públicos por parte de las administraciones, mencionando que se encuentran en incertidumbre en cuanto a las negociaciones salariales, incluso en abril, sin saber si sus sueldos aumentarán.

En Soria, cerca de veinte manifestantes hicieron lo propio, exigiendo un aumento salarial automático anual, similar a las pensiones y al salario mínimo. También se pronunciaron a favor de la creación de más empleo público y mejores condiciones laborales.

En Valladolid, alrededor de una veintena de trabajadores también unieron fuerzas en defensa de sus derechos, resaltando la pérdida de más del 20% de su capacidad adquisitiva desde los recortes de 2010. Las concentraciones se extendieron a lo largo de toda Castilla y León, donde los empleados públicos se agruparon de 12:00 a 13:00 para solicitar un incremento salarial automático anual, alineado con el tratamiento de pensiones y salarios mínimos.

Antes de la movilización, Benjamín Castro, presidente de CSIF Castilla y León, y María José San Román, presidenta provincial en Valladolid, hicieron un llamado a los medios, enfatizando la necesidad de una negociación inmediata con el Gobierno de Pedro Sánchez para recuperar el poder adquisitivo de los funcionarios.

Un grupo de aproximadamente veinte personas se concentró también en Zamora para articular sus demandas por mejores condiciones laborales y salariales. Llamados por CSIF, pidieron la restauración del poder adquisitivo perdido desde 2010, la implementación de la jornada laboral de 35 horas y la igualación salarial entre comunidades autónomas.

Los manifestantes, fieles a una movilización a nivel nacional, destacaron la urgencia de rejuvenecer el personal en el sector público, puesto que la edad media de los trabajadores en la Administración General del Estado supera los 55 años, lo que señala una crisis de sostenibilidad en el funcionamiento de los servicios públicos.