VALLADOLID, 28 de octubre.

La Audiencia Provincial de Valladolid ha marcado el 2 de marzo de 2026 como la fecha de inicio para el juicio relacionado con la presunta estafa en la Funeraria El Salvador. Este extenso proceso judicial, que se espera se extienda hasta el 2 de junio, contará con la presencia de alrededor de 280 personas, incluyendo testimonios, peritos y los acusados.

A través de un documento oficial, la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid ha hecho público el cronograma de este caso que ha adquirido notoriedad bajo la 'Operación Ignis', revelada el 31 de enero de 2009 por la Policía Nacional. La investigación se centra en el supuesto fraude en el Grupo Funerario El Salvador, que abarcó el cambió de ataúdes por otros más económicos entre 1995 y 2015.

La resolución especifica que se convoca a las partes para discutir las cuestiones preliminares, conforme a lo que establece el artículo 786.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El encuentro inicial, programado para el 2 de marzo de 2026 a las 9:30 horas, dará paso a las declaraciones de testigos, las cuales comenzarán el 9 de marzo, según lo señalado por el Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

El tribunal ha decidido agrupar las acusaciones particulares debido al considerable número de demandantes que representan a las víctimas de este presunto fraude. Cada abogado debe representar al menos a 54 fallecidos en un intento por evitar ralentizaciones en el proceso judicial, siguiendo la normativa del artículo 109 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El Ministerio Público ha pedido penas que suman hasta 206 años de cárcel para las 23 personas involucradas en la 'Operación Ignis', mientras que el empresario funerario Ignacio M.A. y el testigo clave Justo M, ambos fallecidos, han sido excluidos del juicio.

La acusación ha presentado un documento de calificación provisional que abarca 363 páginas, cargando a los implicados con múltiples delitos, que incluyen la constitución de una organización criminal, apropiación indebida, estafa continua, y blanqueo de capital, entre otros.

Las sanciones más severas se proponen para la familia del empresario fallecido, como su esposa María del Rosario V.L y sus hijos, quienes pueden enfrentarse a 20 años de prisión, además de una inhabilitación para trabajar en el sector funerario durante tres décadas y multas que suman 12 millones de euros.

En cuanto a otros empleados, se prevén penas que van desde los dos hasta los nueve años de cárcel. La acusación busca sentencias de nueve años para cuatro de los acusados y penas menores para otros trabajadores, variando según su implicación en el esquema delictivo.

El fiscal sostiene que la Funeraria Castellana y Parque El Salvador se benefició de manera ilegal, acumulando ganancias de aproximadamente 4 millones de euros por la venta de ataúdes de los que fueron desposeídos más de 5.900 difuntos, además de los beneficios obtenidos por elementos florales involucrados en el engaño.

Desde el inicio del servicio de incineración en el Cementerio-Jardín Parque El Salvador, el fallecido empresario Ignacio Morchón Alonso habría estructurado un plan ilícito para maximizar sus ganancias, desviando ataúdes antes de la cremación y reutilizándolos posteriormente en nuevas ceremonias.

Este proceso implicaba la colaboración de varios empleados, desde los que transportaban los cuerpos hasta los que realizaban las incineraciones, facilitando el intercambio ilegal de ataúdes, violando las normativas que prohíben este tipo de prácticas.

La investigación estima que las acciones delictivas afectarían a un total de 6.055 fallecidos. Ignacio M.A, el dueño del negocio, quien ya había sido encarcelado, logró salir bajo fianza, al igual que algunos de sus hijos, quienes también enfrentaron meses tras las rejas antes de recuperar su libertad.