VALLADOLID, 28 de mayo.

En una jornada marcada por el debate en el Pleno, todos los partidos, salvo el PSOE, han mostrado su respaldo a una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Partido Popular. Esta iniciativa busca que el Gobierno reconsidere la eliminación de paradas del AVE que afecta a localidades como Sanabria (Zamora), Medina del Campo (Valladolid) y Segovia, una decisión que se ha calificado de "ataque" a los derechos de los ciudadanos de la comunidad.

El procurador del PP, José Alberto Castro Cañibano, abanderó la propuesta, denunciando un "ataque premeditado" por parte del Gobierno socialista hacia la población de Castilla y León, en lo que considera una clara afectación a la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Galicia. "Estamos aquí para dar voz a los miles de ciudadanos que se sienten desatendidos y perjudicados", afirmó con contundencia.

Castro Cañibano subrayó que la decisión de suprimir paradas representa un ataque directo al derecho a la movilidad y a la igualdad de oportunidades, además de cuestionar la promesa de vertebración territorial y lucha contra la despoblación. Criticó que el Gobierno priorice áreas con más influencia política a expensas de pueblos y provincias que dependen de esta infraestructura. “¿Dónde está la equidad?”, se preguntó.

El procurador argumentó que la eliminación de paradas en Sanabria, Medina del Campo y Segovia impacta directamente en aquellos ciudadanos que tomaron decisiones importantes basándose en la accesibilidad del AVE. “Afecta a docentes y trabajadores que optaron por aceptar empleos teniendo en cuenta esta conexión”, expresó, señalando que los ha convertido en "ciudadanos de segunda".

Asimismo, recordó que la estación de AVE en Sanabria, financiada en parte con fondos europeos y cuyo costo ascendió a cuatro millones de euros, fue construida con la promesa de servir a los habitantes de la zona. "Ahora, el Gobierno dice que ya no la necesitan", criticó, instando a una rectificación de la decisión.

La propuesta del PP solicita al Ejecutivo que revise su postura y que atienda las necesidades de infraestructura en la región, incluyendo el ferrocarril y las carreteras. Castro Cañibano también hizo hincapié en la importancia de corregir la línea Salamanca-Fuentes de Oñoro y de acelerar las inversiones necesarias en Zamora y toda Castilla y León.

Mientras el resto de los grupos políticos apoyaron el primer punto de la PNL, que pide revertir las modificaciones en la programación del AVE, la procuradora del PSOE, Laura Pelegrina, criticó la iniciativa. Consideró que era "oportunista y alarmista", acusando al PP de hacer constantes ataques al Gobierno de España, lo que ha marcado su discurso durante toda la legislatura.

Pelegrina no escatimó en palabras duras para el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, al calificarlo de “acomplejado y sin rumbo”. En defensa de su postura, destacó que Castilla y León ha recibido del Gobierno central 75.000 millones de euros, una cifra que supera los 34.000 millones recibidos durante el mandato del Partido Popular, intentando desmentir así las críticas de abandono provenientes de los populares.

Destacó las importantes inversiones del Gobierno en infraestructuras en la comunidad, afirmando que se han ejecutado 5.000 millones de euros, multiplicando las inversiones del anterior Gobierno de Mariano Rajoy. “Todos los proyectos del Corredor Atlántico están en marcha”, enfatizó.

Laura Pelegrina finalizó su intervención acusando al PP de mentir de forma consciente, afirmando que su único objetivo político es la confrontación y el engaño. Exigió que Mañueco asumiera su responsabilidad en cuestiones de transporte y movilidad, sugiriendo que podrían apoyar la proposición si lo hicieran de manera integral, en lugar de caer en un "oportunismo puro".

A pesar de la división en torno a la proposición, otros grupos se unieron para criticar el estado del transporte ferroviario, como el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, quien aseguró que el tiempo de viaje de Ávila a Madrid ha aumentado notablemente en los últimos 25 años, lo que calificó de "retroceso grosero".

El procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, también se mostró preocupado por la gestión de las paradas del AVE, defendiendo la necesidad de una postura unificada en contra de su supresión, mientras que Pablo Fernández de Unidas Podemos calificó de “inaceptable” la decisión de Renfe y del Ministerio de Transportes.

Por su parte, la procuradora de UPL-Soria ¡Ya!, Alicia Gallego, expresó que la decisión del Gobierno evidencia un “desprecio” hacia la comunidad, lo que según ella va a inducir al abandono del territorio, una posición particularmente dura sobre la pérdida de paradas en Sanabria.

Finalmente, la procuradora de Vox, María Luisa Calvo, vertió su crítica ante la situación, calificándola como "una auténtica tropelía para la provincia de Zamora", resaltando que la eliminación de paradas significa también la pérdida de oportunidades para los ciudadanos que dependen de este medio de transporte vital. "Médicos, profesores y estudiantes se ven afectados", concluyó, describiendo la reordenación de horarios propuesta por Renfe como una "desfachatez".