VALLADOLID, 13 de junio. Un ambiente de tensión y reivindicación se ha vivido este viernes en la Audiencia de Valladolid durante la última sesión del juicio relacionado con un presunto ataque homófobo ocurrido en Pozaldez. Las partes implicadas han mantenido firmes sus posiciones, solicitando penas que oscilan desde los tres hasta los nueve años de prisión para los seis acusados, todos ellos vinculados a un ataque claramente motivado por la orientación sexual de la víctima, Francisco José M.S.

En esta sesión, además de las exposiciones jurídicas de la fiscalía y de la acusación popular, representada por la Fundación Triángulo, se han escuchado las voces de los acusados, quienes han reiterado su inocencia. Entre ellos se encuentran Gabriel P.A. y los hermanos Axceo y Ozdín F.M., que, a pesar de las evidencias presentadas, han optado por declarar su falta de culpabilidad antes de que el tribunal pase a deliberar.

Las evidencias presentadas apuntan a un ataque motivado por el odio en una carpa que albergaba una fiesta de música disco. Según las declaraciones de testigos y de las fuerzas de seguridad presentes en la escena, la noche del 21 de mayo de 2023, uno de los acusados, Álvaro F.L., agredió a Francisco José M.S. después de insultarlo con un grito despectivo. Posteriormente, mientras la víctima yacía herida en el suelo, el grupo de atacantes se unió para golpearlo, impidiendo que recibiera ayuda.

La fiscal ha calificado los hechos como un evidente delito de odio, proponiendo una condena de tres años de prisión y multas que suman miles de euros, además de exigir indemnizaciones para la víctima. No obstante, también ha dejado abierta la posibilidad de una pena alternativa de dos años y nueve meses por delitos de lesiones agravadas, reclamando justicia no solo por los daños físicos causados, sino también por los impactos psicológicos sufridos por Francisco José.

La representación legal de la víctima ha puesto de relieve el horror de ser agredido por su identidad sexual, resaltando las profundas secuelas emocionales que tales experiencias pueden dejar. El abogado ha compartido el impacto del miedo en su cliente, quien, traumatizado por el suceso, dudó en denunciar inicialmente, una reacción común ante experiencias tan desgarradoras.

A su vez, durante su alegato, el abogado recordó a la sala la valentía de Bárbara, una amiga de la víctima que, al presenciar el ataque, se atrevió a intervenir, destacando que, mientras muchos permanecieron al margen, ella fue la excepción que intentó socorrer a su amigo, lo que contrasta profundamente con la cobardía mostrada por otros presentes en la situación.

En contraste, la defensa de Álvaro F.L. ha propuesto una multa de 300 euros por lesiones leves, intentando minimizar la gravedad de los hechos y distanciar la motivación del ataque de la sexualidad de la víctima. Los defensores argumentan que no se ha podido probar un delito de odio, sugiriendo en cambio que el incidente se originó en empujones y malentendidos entre grupos de jóvenes.

Este planteamiento se ha visto apoyado por la insistencia de la defensa en que no se aportaron evidencias suficientes de que los acusados utilizaran insultos homófobos en ese contexto, y que la falta de pruebas contundentes debe llevar a un veredicto que favorezca la absolución. Argumentan que no se pueden admitir afirmaciones que buscan aumentar la carga penal por la naturaleza de la víctima.

Los abogados defensores han subrayado que la falta de lesiones graves y la ausencia de testigos que corrobore el uso de un lenguaje ofensivo constituyen un punto crucial en la decisión del tribunal. En su opinión, el caso se ha «inflado» al presentar la situación como un ataque orquestado por un grupo motivado por el odio hacia la homosexualidad, cuando, según ellos, todo indica que fue un incidente aislado y no relacionado con la identidad sexual.