El Gobierno de Castilla y León ha manifestado su confianza absoluta en que el Tribunal Constitucional dará la razón a su recurso contra la Ley de Amnistía, argumentando que esta vulnera catorce artículos de la Constitución Española.

Tras el anuncio del presidente de Castilla y León de que el Ejecutivo regional interpondría el recurso, el consejero de la Presidencia desglosó los detalles del documento que los Servicios Jurídicos presentarán ante el Constitucional antes del 11 de septiembre.

El consejero expresó su convicción absoluta de que el recurso tendrá éxito, siendo el primero que una Comunidad Autónoma presenta contra la Ley de Amnistía. Enfatizó que el Gobierno regional defenderá los derechos de todos los ciudadanos de Castilla y León.

Se destacó el malestar del consejero por las declaraciones del delegado del Gobierno, que prejuzgó el resultado del recurso, calificándolas de un exceso verbal. El recurso se estructura en cuatro bloques, demostrando que la Ley de Amnistía atenta contra principios fundamentales de la Constitución.

Se señaló que la ley discrimina a los ciudadanos de Castilla y León que residen en Cataluña, así como a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que actuaron en la región. Además, se argumentó que la ley viola el estado de derecho y el principio democrático establecido en la Constitución.

El recurso también denuncia que la Ley de Amnistía supone una reforma constitucional encubierta, infringiendo el mandato de que la Constitución es la norma suprema. Se argumenta que la ley interfiere en la separación de poderes y vulnera la libertad ideológica de los ciudadanos.

Además, se destaca que la ley perjudica a las víctimas de la violencia relacionada con el proceso independentista, al eliminar derechos fundamentales como la integridad física y moral, la libertad y la seguridad, y el acceso a la justicia. El informe critica que la Ley de Amnistía se autodefine como una ley singular, sin justificación para considerarse excepcional.

La Junta de Castilla y León considera que los recursos legales ordinarios son suficientes para garantizar la paz social y el ejercicio de los derechos en Cataluña, sin necesidad de una amnistía. Se comparó la situación actual con hechos pasados, como el intento de golpe de Estado en 1981 o los atentados terroristas de ETA, que no fueron compensados con una amnistía.