24h Castilla y León.

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Procurador del Común investiga queja de logopedas en Castilla y León por falta de profesionales en atención temprana.

Procurador del Común investiga queja de logopedas en Castilla y León por falta de profesionales en atención temprana.

VALLADOLID, 4 Oct.

El Procurador del Común, Tomás Quintana, ha iniciado una investigación ante la queja del Colegio Profesional de Logopedas de Castilla y León por la escasez de profesionales de esta disciplina en atención temprana y los obstáculos en algunas provincias, como Valladolid, para que puedan prestar el servicio a domicilio.

El colectivo, a través de su presidenta, Verónica Martínez Mata, recuerda que la atención temprana es un proceso de atención de responsabilidad pública, de carácter universal y gratuito que está conformado por un conjunto de intervenciones integradas, dirigidas a menores de 0 a 6 años y a sus familias y, sin embargo, entiende que tal servicio no se está garantizando en Castilla y León, pese a que el objetivo del mismo sea responder lo más pronto posible a las necesidades que presentan los niños y niñas como consecuencia de trastornos en su desarrollo o con riesgo de padecerlo.

Y es que el CPLCyL denuncia el "insuficiente" número de logopedas actualmente en la Comunidad, profesionales sanitarios cuya labor es de gran importancia en la población infantil para evitar, por un lado, que problemas del habla se conviertan en un trastorno del lenguaje, "que es más grave, y se trasladen luego a la escritura y supongan un retraso académico", explica, en declaraciones a Europa Press, la presidenta de la organización colegial, Verónica Martínez, quien apostilla que incluso una asistencia tardía puede conducir en los niños a problemas orofaciales que les dificultan succionar.

Pero además, Alicia Ferrero, letrada del CPLCyL, apunta que la labor del logopeda se extiende a otras vertientes como la asistencia a pacientes post-covid que han sufrido un ictus o han estado intubados y presentan problemas de deglución, con el consiguiente riesgo de ahogarse cuando comen, sin olvidar el servicio ofrecido a personas mayores, muchas de las cuales mueren de neumonía por problemas también de deglución.

De ahí su reivindicación de incrementar el número de profesionales en sanidad y servicios sociales, algo que, como así advierte la letrada del colectivo, ha realizado recientemente la Junta de Andalucía al aprobar la creación de 154 profesionales, generándose de este modo en Castilla y León una discriminación negativa para la salud de su población.

"En la cartera de sanidad sí figura la Logopedia, si bien en Castilla y León el número de profesionales es de 0,64 por cada cien mil habitantes", se queja Alicia Ferrero, quien califica de insuficientes las plazas convocadas por la Junta en los últimos diez años.

Pero además, el CPLCyL recuerda que el logopeda no está presente en el sector educativo y es muchas veces sustituido de forma injusta por maestros de audición y lenguaje, "que no deberían intervenir en patologías de base sanitaria, pues lejos de mejorar, el paciente se cronifica y su rehabilitación en esta etapa tan sensible es mínima o imposible por este intrusismo profesional", a lo que la presidenta del colectivo, para ejemplificar la situación, alude a la comparación entre un profesor de Educación Física y un fisioterapeuta y sus distintos cometidos.

En este sentido, la abogada del CPLCyL apunta que ya ha habido denuncias en varios colegios de Castilla y León por utilizar el título de Logopedia y firmar como informe logopédico por parte de maestros en audición y lenguaje. "Y es que se está llevando a engaño a los padres de los niños, que no llevan a un logopeda a su hijo para tratar un problema de base al hacerles creer que sigue terapia con un profesional con competencias en la materia", lamenta Ferrero.

Entre las quejas del CPCyL se incluye igualmente la imposibilidad en algunas provincias, fundamentalmente en Valladolid, para que estos profesionales puedan realizar servicio a domicilio al exigírseles contar con una clínica o centro asistencial, requisito que no se está imponiendo en otras partes de la Comunidad y del territorio nacional.

"Nos quejamos porque se está limitando nuestra opción profesional de salir a los domicilios y prestar atención a demanda ya que nos obligan a tener una ubicación física, con el problema añadido que ello supone para aquellos pacientes que no pueden desplazarse a una clínica o a un centro sanitario", concluye la letrada de la organización colegial.