El pasado 4 de junio, Valladolid se convirtió en el escenario de una intensa manifestación con la participación de alrededor de 100 agricultores, organizada por la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL). Los productores agrarios se concentraron a las puertas de la Delegación del Gobierno, demandando la implementación de aranceles sobre el cereal ucraniano o, en su defecto, la asignación de "ayudas directas significativas" que les ayuden a sobrellevar las pérdidas provocadas por la drástica caída de los precios, justo cuando se espera una cosecha considerable que podría ser histórica.

Con el lema "Precios justos para el cereal, no a las importaciones abusivas", los agricultores hicieron un llamado urgente al ministro de Agricultura, Luis Planas, instándole a que abogue por la necesidad de imponer aranceles al cereal que llega desde Ucrania. Los manifestantes argumentan que esta importación ha saturado el mercado, lo que ha provocado que los precios caigan a niveles desconocidos en las últimas tres décadas.

El coordinador de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, detalló que en el año 2024, la importación de cereal ucraniano ha crecido de 2 a 10 millones de toneladas, todo ello sin aranceles. Este incremento, advirtió, genera una "situación insostenible" para los agricultores de la región, ya que en los últimos 15 años han visto cómo los costos de producción se han incrementado un 80% mientras que los precios siguen descendiendo.

González Palacín abogó por restablecer un "acuerdo normal" con Ucrania, tratándolo como un país tercero para que se puedan aplicar aranceles al cereal que actualmente está perjudicando gravemente a los productores españoles. Según su opinión, "en circunstancias normales" el cereal ucraniano debería haber estado sujeto a gravámenes desde junio del año anterior y subrayó la importancia de hacer cumplir los aranceles establecidos por la normativa de la Unión Europea.

Si no se toman medidas, también planteó la necesidad de "comenzar a reflexionar" sobre la posibilidad de proporcionar "ayudas directas sustanciales" para evitar que un sector tan crucial como el cerealista, en una comunidad autónoma como Castilla y León, que ya sufre por la crisis, se hunda aún más.

Para ilustrar el dilema, González Palacín mencionó que durante un año de "buenas cosechas", como el que se anticipa para 2025, los agricultores solo podrán cubrir sus costos si obtienen rendimientos de más de 4.000 kilos por hectárea. Sin embargo, señaló que en muchas áreas del sur del Duero, donde las tierras son más ligeras, la producción podría caer a cifras alarmantes de entre 2.500 y 3.500 kilos, lo que llevaría irremediablemente a pérdidas significativas.

Con firmeza, el coordinador de la UCCL declaró: "El cereal se está muriendo y con él, el campo”. También recordó que cada año se pierden hectáreas de cultivo y advirtió que si la situación actual no se resuelve, el próximo año podría marcar una reducción drástica en la superficie cultivada. "Nadie trabaja para perder dinero", concluyó González Palacín, insistiendo en que "la solución" reside en las manos de Bruselas.

Al ser cuestionado sobre su propuesta de arancel de 50 euros por tonelada de cereal ucraniano, argumentó que esta medida se alinearía con lo que sería "lo razonable", ya que se necesitan entre 250 y 300 euros por tonelada para cubrir los costos y lograr que los agricultores tengan incentivos para reanudar la siembra el próximo año.