¿Qué está pasando con las pruebas de edad a menores migrantes? La Junta quiere hacerlas sin garantías

Lo que antes era excepcional, ahora podría convertirse en rutina: pruebas médicas de edad a menores migrantes sin una base clara y sin respetar sus derechos.

La Junta de Castilla y León prepara un protocolo para hacer estas pruebas, pero sin definir bien cuándo y cómo se deben realizar, ni qué garantías tienen los menores. Esto puede afectar a muchos jóvenes, que podrían ser sometidos a revisiones sin justificación real, solo por sospechas o decisiones políticas.

Para los ciudadanos, esto significa que la protección de los derechos de los menores migrantes podría estar en riesgo. Además, puede generar confusión y desconfianza en la gestión pública, alimentando un debate que no siempre se basa en hechos ni en la protección real de esas personas.

Lo preocupante es que estas medidas pueden ser usadas como arma política, creando un problema donde no lo hay, o agravando uno que sí existe. La ley y la jurisprudencia del Tribunal Supremo establecen límites claros: las pruebas solo si hay indicios concretos y siempre con un juicio individualizado.

Para los afectados, lo mejor sería exigir transparencia y que se respeten sus derechos. La ciudadanía debe estar vigilante y pedir claridad en los criterios y protocolos que se apliquen. La protección de los menores debe ser prioritaria, no un instrumento para debates políticos.

Ahora, lo que puede pasar es que se aprueben medidas sin suficiente respaldo técnico o legal, poniendo en riesgo la integridad de los menores. La sociedad debe exigir que se respeten las garantías jurídicas y que cualquier decisión esté bien fundamentada. Los afectados y sus familias tienen derecho a exigir transparencia y a que se respete la ley en todo momento.