En la jornada del 19 de diciembre en Madrid, un grupo significativo de consejeros de comunidades autónomas bajo la gestión del Partido Popular (PP) se reunió en el Senado, donde expresaron su firme oposición a la reciente decisión del Gobierno de incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre). Consideran que esta acción representa una amenaza directa a la ganadería, a la vez que denuncian lo que califican como un ataque orquestado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez destinado a desatender las necesidades de los sectores rurales.

Los consejeros, provenientes de regiones como Castilla y León, Galicia, Cantabria y La Rioja, hicieron estas declaraciones durante una rueda de prensa previo a su participación en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, donde se discutirá una propuesta relacionada con la actual situación del lobo. Cabe mencionar que también estuvieron presentes representantes de gobiernos de comunidades como Aragón, Murcia, Extremadura y Madrid, subrayando la cohesión de estas regiones en torno a este tema crucial.

El primero en tomar la palabra fue Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, quien enfatizó “el clamor” que resuena en estos territorios. Exigió una urgencia de sensibilidad por parte del Gobierno, manifestando su deseo de que cesara de una vez el "ataque a la ganadería, a los pueblos y al medio rural", dejando claro su descontento con la decisión gubernamental.

Suárez-Quiñones argumentó que en Castilla y León se registran alrededor de 12,000 muertes de ganado anualmente atribuibles al lobo, lo que adjudica a la polémica decisión del Gobierno de incluir a este animal en el Lespre. Criticó que dicha decisión fue tomada “por razones ideológicas, sin ningún sustento en datos concretos y en contra de los intereses del territorio”.

La consejera de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, María Ángeles Vázquez Mejuto, también contribuyó a la discusión, advirtiendo que "la situación se ha vuelto insostenible en España", especialmente en las áreas donde el lobo es un factor habitual. Defendiendo la combinación de la biodiversidad con los intereses ganaderos y la economía local, Vázquez Mejuto insistió en que el Gobierno central está actuando bajo un criterio ideológico, abandonando las bases científicas para su proceder, por lo que exigió un cambio radical en la política hacia el lobo.

La conselleira argumentó que las comunidades habían anticipado de manera precisa que la inclusión del lobo en el Lespre generaría efectos adversos, lo que se está materializando mediante la sensación de desprotección y nerviosismo entre los ganaderos, quienes no exigen la extinción del lobo, sino que reclaman el derecho de las comunidades autónomas a gestionar adecuadamente la situación, tal como se hacía antes de 2021.

Desde Cantabria, María Jesús Susinos, consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, añadió su voz a la causa, indicando que su presencia en el Senado respondía a la necesidad de “alzar la voz” en representación de los ganaderos que enfrentan una situación desesperante. Susinos reivindicó que la inclusión del lobo en la lista de especies protegidas era una medida “completamente electoralista” que ignoraba las realidades sobre el terreno y que, de hecho, Europa había retrocedido en la protección de este animal.

“No hay excusa alguna”, manifestó claramente, instando a Pedro Sánchez a “escuchar” tanto a Europa como a las comunidades que concentran poblaciones significativas de lobos, como es el caso de Cantabria. Según sus datos, en la última década, la población de lobos en Cantabria ha crecido un 9%, lo que representa una presencia notable de más de 200 lobos en la región, llegando incluso a interactuar con áreas urbanas y densamente pobladas.

Susinos mencionó que el rango de actividad del lobo actualmente abarca más de 4,000 kilómetros cuadrados, donde “hablamos de 3,000 muertes anuales de ganado”. Este dato pone de relieve el impacto que la creciente población de lobos tiene sobre la ganadería local.

Finalmente, Noemí Manzanos, consejera de Agricultura de La Rioja, corroboró la situación alarmante en su comunidad, señalando que la expansión del lobo ha sido “exponencial”. En su exposición detalló que la presencia de lobos se ha incrementado en 50 municipios desde la inclusión en el Lespre, un salto considerable comparado con solo 12 localidades en 2021. Mientras tanto, la cabaña ganadera de La Rioja ha disminuido en un 13%, un efecto que se atribuye en gran medida a la llegada del lobo.

Con todos estos datos en conjunto, Manzanos concluyó que la creciente población de lobos y la disminución de la ganadería plantean una clara urgencia para tomar medidas efectivas en el territorio,, reiterando así su llamada a la acción para salvaguardar los intereses de los ganaderos en la Sierra Riojana y a nivel general.