VALLADOLID, 5 de noviembre. En un acto conjunto, las cinco organizaciones que forman parte de la Mesa Sectorial de Educación—CSIF, ANPE, STECyL-i, UGT y CCOO—han manifestado su total unidad al exigir a la Junta de Castilla y León mejoras significativas en las retribuciones del profesorado. Los representantes sindicales han dejado claro que si sus demandas no son atendidas, no dudarán en implementar acciones de presión, con la intención de hacerlo de manera coordinada y solidaria entre todas las partes implicadas.

Entre las principales reivindicaciones de estas organizaciones figura la necesidad de una mejora lineal en los salarios de los docentes que contemple un aumento en el complemento autonómico. Así mismo, demandan una estrategia que potencie la profesión docente, la instauración de un complemento de tutoría para todo el cuerpo de profesores, el cumplimiento de la Proposición No de Ley (PNL) aprobada por las Cortes en 2021 acerca de los sexenios y la carrera profesional, así como la reducción de la jornada lectiva para los profesionales mayores de 55 años.

Este conjunto de propuestas será presentado en la próxima Mesa Sectorial de Educación, un espacio que, según las representantes sindicales, se ha convertido en meramente administrativo, lejos de ser un verdadero foro de diálogo y negociación.

Isabel Madruga, representante de CSIF, ha señalado durante una reciente rueda de prensa, acompañada por sus colegas de los otros sindicatos, que la unión de todas estas organizaciones debe inspirar reflexión en la Consejería de Educación. “Los cinco sindicatos estamos alineados, y mantendremos esa unidad hasta que nuestras voces sean escuchadas. Mientras tanto, no descartamos la implementación de medidas de presión si no se producen cambios”, afirmó.

Madruga detalló que desde el 7 de octubre, la consejera de Educación, Rocío Lucas, ha recibido una carta conjunta donde se enumeran estas demandas. La representante de CSIF subrayó que desde 2006 no se han logrado avances significativos en los salarios, y que desde 2010 el profesorado ha enfrentado un deterioro en su poder adquisitivo comparado con otras comunidades autónomas, con diferencias que oscilan entre 500 y 900 euros.

Por su parte, Pilar Gredilla, de ANPE, ha enfatizado que la falta de aumentos salariales ha llevado a un déficit en el número de docentes. Gredilla argumentó que esta situación se verá agravada a medio y largo plazo, haciendo eco de la reciente experiencia del inicio del curso escolar, donde se dejaron vacantes 299 plazas tras las oposiciones en Secundaria. “Es imperativo crear una estrategia que haga más atractiva la carrera docente para los jóvenes”, añadió, alertando sobre la fuga de profesionales hacia el sector privado y otras regiones con mejores condiciones laborales.

Desde STECyL-i, Christina Fulconis ha resaltado que la labor de los docentes requiere un alto grado de implicación con el alumnado, lo que no se está reconociendo adecuadamente. “La sobrecarga de trabajo que estamos experimentando afecta nuestras condiciones laborales”, alertó Fulconis, quien también hizo hincapié en la diversidad de los estudiantes que requieren atención adicional, lo que implica más esfuerzo para que se sientan verdaderamente valorados.

Fulconis demandó un complemento específico de tutoría para los docentes de todos los niveles de enseñanza, señalando que tal reconocimiento es crucial en un contexto donde la falta de profesorado ya está afectando a la calidad educativa.

UGT, representada por Beatriz García, también criticó la “paradoja” en la que se encuentran los docentes de Castilla y León, obligados a elegir entre dos complementos, lo que no sucede en otras comunidades con legislaciones similares. Recordó que en octubre de 2021, las Cortes aprobaron una PNL que instaba a la Junta a eliminar esta incompatibilidad, y lamentó que, tres años después, no se haya avanzado en su implementación, dejando a los docentes a la espera de cambios concretos.

Finalmente, Elena Calderón de CCOO propuso la reducción de la jornada lectiva para los docentes mayores de 55 años, sin que esto suponga una disminución de la jornada laboral total. Esta medida, recordaba Calderón, está respaldada por la Ley Orgánica de Educación desde 2006. Además, enfatizó la necesidad de aumentar las cuantías de los factores de itinerancia, dado el perfil demográfico de Castilla y León, donde existe un considerable número de centros rurales y dispersos. “La docencia se está convirtiendo en una profesión menos atractiva”, concluyó, indicando que las ofertas de seis horas semanales no atraen suficiente interés, lo que repercute en la calidad de la enseñanza.