Los líderes de CCOO y UGT en Castilla y León, Ana Fernández de los Muros y Óscar Lobo, respectivamente, han manifestado su entusiasmo por la respuesta positiva que ha tenido en Bruselas su propuesta enfocada en abordar la deslocalización de empresas en territorios económicamente vulnerables. Esta iniciativa ha captado la atención de los partidos mayoritarios en el Parlamento Europeo y del Comité Económico y Social Europeo (CESE), especialmente en lo que respecta al ERE de Azucarera en La Bañeza (León).

Fernández de los Muros ha compartido su satisfacción tras una serie de gestiones realizadas por CCOO y UGT en el Parlamento Europeo, donde, según indica la sindicalista en declaraciones citadas por Europa Press, se han obtenido compromisos significativos. Entre ellos se destaca la intención del CESE de elaborar un dictamen que respalde la propuesta presentada, así como el apoyo a un informe que están preparando los grupos socialdemócratas y del PP europeo. Este esfuerzo busca generar un diálogo sobre la urgente necesidad de regulaciones que frenen la deslocalización.

La sindicalista ha enfatizado que CCOO seguirá presionando por una regulación efectiva, con la esperanza de que las autoridades europeas tomen en serio esta problemática. “No solo se trata de Castilla y León, sino de muchas otras regiones de Europa que enfrentan deslocalizaciones similares. Es fundamental contar con una regulación ágil y efectiva”, ha afirmado Fernández de los Muros.

Óscar Lobo, por su parte, ha coincidido en que la atención recibida en Bruselas sugiere que la propuesta de ambos sindicatos tiene un potencial favorable para avanzar. Está confiado en que se puedan materializar iniciativas dentro del Parlamento Europeo, tanto en las comisiones de Industria como de Empleo, además del apoyo del CESE.

“Nos sentimos satisfechos con los progresos alcanzados y incrementaremos nuestra labor de cabildeo ante la UE para poner freno a las deslocalizaciones malintencionadas”, ha declarado Lobo. El líder de UGT ha subrayado la urgencia de actuar contra un fenómeno que afecta a Castilla y León desde hace años, donde empresas lucrativas, beneficiarias de ayudas públicas, optan por cerrar plantas, arriesgando no solo los empleos locales, sino también condenado a áreas rurales vulnerables a la marginación y la pérdida de oportunidades económicas.

Por ello, tanto CCOO como UGT han elevado su preocupación al Parlamento Europeo, solicitando medidas que regulen estas deslocalizaciones. Aspiran a que se reconozcan zonas sensibles, dificultando el cierre de empresas en dichas áreas y promoviendo la reactivación de su actividad a través de la colaboración con otros grupos empresariales e inversores dispuestos a hacerse cargo de las instalaciones cerradas.