En el marco del caso conocido como 'trama eólica', un testigo ha revelado detalles significativos sobre las acciones del extinto Tomás Villanueva, anterior consejero de Economía de Castilla y León. Este testigo, quien ha mantenido una amistad con Villanueva durante muchos años, sostiene que el fallecido político implementó una política que favorecía a empresarios locales en la atribución de proyectos eólicos, lo que, según se indica, condujo a la creación de una red corrupta que facilitó el desvío de más de 80 millones de euros en sobornos durante la tramitación de estos parques.

Durante una de las sesiones del extenso juicio, el profesor emérito José Luis Martínez López-Muñiz declaró que, en busca de información sobre varios proyectos que afectaban a conocidos de su círculo, solicitó reuniones con Villanueva. Según su declaración, en estas reuniones se discutió la preferencia a los empresarios locales en el sector eólico, lo que él considera podría estar en conformidad con la normativa vigente, aunque en un contexto de favoritismo.

Martínez López-Muñiz recordó cómo, tras su encuentro con Villanueva y el viceconsejero Rafael Delgado, recibió una llamada que indicaba que los problemas de los proyectos eólicos que había mencionado estaban "resueltos". Sin embargo, lo que no sabía era que este desenlace facilitó la venta de la empresa IDER, en una transacción notablemente reducida bajo condiciones de presión y chantaje.

En la misma jornada judicial, el testimonio de un exempleado de Four Innovation, Carlos Blanco Bermejo, arroja más luz sobre la supuesta conducta irregular de Rafael Delgado. Este último habría invertido cerca de un millón de euros en la empresa tras dejar su cargo en la Junta. Este testimonio se suma a la acusación de que Delgado pudo haber utilizado su experiencia en el gobierno para establecer conexiones empresariales que favorecieran sus propios intereses económicos.

Los fiscales y otros acusadores intentan utilizar estos testimonios para demostrar la vida de lujo que llevó Delgado, insinuando que los recursos que utilizó después de dejar el cargo podrían proceder de las irregularidades vinculadas con la 'trama eólica'. En este contexto, acusaciones de que ciertos funcionarios de la Junta presionaron a los promotores de parques eólicos para incluir en su accionariado a empresarios locales han emergido con fuerza durante el proceso.

El exempleado de Four Innovation también comentó sobre las dificultades que enfrentó para cobrar una deuda de la empresa, mencionando que fue dirigido a Rafael Delgado para resolver su situación económica, lo que refleja una posible red de favores y conexiones entre la política y los negocios privados.

Por otro lado, representantes de la empresa Eyra, vinculada a la división de renovables del grupo ACS, negaron cualquier presión por parte de la Junta. Afirmaron que su decisión de asociarse con Collosa, una empresa local, respondía a razones prácticas y estratégicas, ya que esta ofrecía ventajas logísticas significativas. Sin embargo, lo que no pudieron explicar es por qué la Junta había designado a Eyra como la única interlocutora válida para ciertos proyectos en Soria, a pesar de que en ese momento no tenían en marcha ninguna iniciativa en la región.

Leopoldo Iglesias, director general de la división de promoción de parques eólicos en Eyra, afirmó que no enfrentaron ningún problema durante la tramitación de proyectos en Castilla y León y que nunca recibieron presiones de la Junta. De igual manera, José Manuel Jiménez Blázquez, exsecretario general de la Consejería de Medio Ambiente, sostuvo que no notó diferencias en el sistema de tramitación de parques eólicos en la región tras la introducción de ciertos cambios administrativos en 2004.