ÁVILA, 23 de octubre. En un avance clave hacia la modernización de la justicia en España, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado que el Gobierno está cerca de presentar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta legislación, que está a punto de ser discutida en el Consejo de Ministros, tiene como objetivo alinear el sistema judicial español con los estándares europeos, asignando a los jueces funciones específicas de juicio y ejecución, mientras que la Fiscalía se encargará de la investigación.

La declaración de Bolaños se produjo durante la inauguración del 39 Congreso de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), un evento que se centra en el papel del poder judicial en la era digital, explorando la intersección entre inteligencia artificial, democracia y Estado de Derecho. Este congreso se lleva a cabo en Ávila, durante los días 23 y 24 de octubre.

El ministro también subrayó que esta reforma es esencial y está diseñada para ser más garante de los derechos. En su nuevo esquema, un juez de garantías será responsable de evaluar las decisiones tomadas por el Ministerio Fiscal en el proceso de investigación penal, lo que podría fortalecer la protección de los derechos de los ciudadanos.

Bolaños hizo hincapié en que, además, se encuentra en proceso legislativo la Ley de Ampliación y Fortalecimiento de la Carrera Judicial, la cual ha superado su primera gran prueba legislativa y ahora sigue su curso en el Congreso. El ministro manifestó que esta norma representa un avance significativo para el futuro judicial del país.

Añadió que las críticas hacia esta reforma son infundadas si no se realiza un análisis profundo del texto. Entre las propuestas más destacadas, se incluye la creación de un sistema de becas públicas que permitirán el acceso a la carrera judicial y fiscal a personas de todos los niveles económicos, eliminando así las barreras financieras que a menudo limitan la diversidad en el ámbito jurídico.

Según los datos presentados, el 95 por ciento de los recién aprobados en las últimas convocatorias han dependido de apoyo económico familiar para su formación. Con esto, el Gobierno busca "blindar por ley las becas" asegurando que el acceso a la justicia no esté condicionado por la tendencia política del momento, garantizando así una verdadera igualdad de oportunidades en el acceso a la carrera judicial.