VALLADOLID, 17 de julio. En una reciente rueda de prensa, el consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha expresado su preocupación por el crecimiento del gasto público en la región, que se encuentra avanzando a un ritmo superior al permitido por la regla de gasto establecida. Este panorama podría forzar a la administración regional a realizar ajustes significativos a partir de 2026, a menos que se lleve a cabo una reforma en el modelo de financiación autonómica.

Fernández Carriedo hizo hincapié en los hallazgos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que prevé un incremento del gasto computable del 4,2 por ciento para 2026, superando así el límite del 3,3 por ciento fijado por las normativas actuales. Este contexto genera un desafío considerable para la sostenibilidad financiera de la Comunidad.

El informe de la AIReF también señala que, aunque se espera que en 2025 no se produzca un incumplimiento de la regla de gasto, el riesgo de desbordamiento aumentará notablemente en 2026 y alcanzará niveles críticos en 2027, donde el gasto podría crecer un 5 por ciento, mientras que el tope para ese año es del 3,4 por ciento.

En este marco, el consejero atribuyó la raíz del desfase en el gasto al sistema actual de financiación autonómica, calificándolo de "perjudicial" para Castilla y León. Según su análisis, este modelo ha dejado un déficit acumulado que supera los 6.000 millones de euros desde su implementación.

Fernández Carriedo urgió a la necesidad de realizar una reforma consensuada que garantice condiciones de igualdad entre todas las comunidades autónomas, evitando que ciertos territorios sean favorecidos en detrimento de otros.

A pesar de que la AIReF ha calificado de "negativa" la adopción de medidas fiscales permanentes, como las rebajas de impuestos y aumentos en el gasto estructural, el consejero defendió que la política fiscal de la Comunidad no contempla incrementos impositivos, subrayando que ciertas reducciones han llevado a un aumento en la recaudación tributaria.

El consejero advirtió que, si la situación del sistema de financiación no mejora, los ajustes necesarios en el gasto público podrían ser aún más profundos. Destacó que la capacidad de recorte en el gasto corriente es limitada, dado que Castilla y León cuenta con una de las estructuras administrativas más delgadas del país.