En Valladolid, el 23 de octubre, alrededor de 400 personas se congregaron frente a la Consejería de la Presidencia para exigir a la Junta de Castilla y León el cumplimiento del convenio laboral que fue suscrito hace dos años, el cual incluye la necesaria reclasificación del personal. Los manifestantes han declarado su intención de dirigirse al presidente del Ejecutivo, Alfonso Fernández Mañueco, instándolo a que asuma un papel proactivo en resolver esta situación pendiente.

Los representantes de los sindicatos han manifestado su firme deseo de retomar las negociaciones y han instado a la Junta a honrar los compromisos adquiridos. Juan Carlos Hernández, responsable del sector autonómico de Comisiones Obreras, ha criticado al consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, por obstruir el avance en varios aspectos claves incluidos en el acuerdo laboral.

Además, Tomás Pérez Urueña, secretario general de Servicios Públicos de UGT en Castilla y León, ha expresado su descontento con la Junta, recordando que al momento de la firma del convenio se prometió una “modernización de la Función Pública”, lo cual implica que los grupos y títulos académicos estén alineados con las categorías profesionales. Sin embargo, ha señalado que la necesaria reclasificación sigue sin materializarse.

Por otro lado, Albergo García Sanz, coordinador de personal laboral de CGT en la Junta, ha puesto en duda la credibilidad del Partido Popular al presentar un programa electoral, dado que no cumplen con los acuerdos que previamente firmaron “de puño y letra”.