VALLADOLID, 29 de septiembre. La Coordinadora de Mujeres de Valladolid ha hecho un llamado urgente para que la interrupción del embarazo sea accesible en el sistema de salud pública de Castilla y León. La organización ha denunciado que las restricciones impuestas por la objeción de conciencia y la práctica de enviar a las mujeres a clínicas privadas están creando un escenario de "graves consecuencias", que incrementa la inseguridad para quienes desean tomar esta decisión.

En el contexto del Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, celebrado el 28 de septiembre, Olga Hurtado, portavoz de la Coordinadora, subrayó que el derecho a interrumpir un embarazo está respaldado por Naciones Unidas. Por lo tanto, Hurtado sostiene que no deberían existir "obstáculos normativos o burocráticos" que dificulten su ejercicio.

La realidad, sin embargo, es diferente en Castilla y León, donde las mujeres enfrentan numerosos "obstáculos" que pueden llevar a situaciones dramáticas, incluidas interrupciones inseguras o ilegales. Hurtado puso de relieve cómo las "dilaciones injustificables" y la "culpabilización" de las mujeres contribuyen a este escenario preocupante.

De acuerdo con un reciente informe presentado por la Junta de Castilla y León en 2023, se evidenció que en provincias como Soria, un alarmante 98% de las mujeres que desearon interrumpir su embarazo se vieron obligadas a trasladarse a la Comunidad de Madrid para hacerlo.

“Este desplazamiento no solo genera un costo adicional, sino que también implica un enorme impacto psicológico al enfrentar una situación tan delicada lejos de su entorno familiar”, expresó Hurtado, añadiendo que situaciones similares, aunque en menor proporción, se replican en Segovia, Palencia y Ávila.

Asimismo, Hurtado cuestionó la creciente dependencia de los centros privados para llevar a cabo abortos, lo que introduce "barreras económicas" que afectan a muchas mujeres. Reveló que, desde la implementación de la Ley de Aborto, más del 40% de las mujeres en Castilla y León han tenido que costear sus procedimientos, a pesar de que esta atención debería ser financiada por el sistema público.

La portavoz también destacó que muchas mujeres han compartido sus experiencias sobre las dificultades y confusiones enfrentadas al intentar acceder a la interrupción del embarazo en la Comunidad. Actualmente, solo un centro privado en Valladolid, de la empresa Ginemédica, tiene convenio con la Junta para realizar abortos a pacientes referidas del sistema público.

Por si fuera poco, la objeción de conciencia por parte de algunos médicos figura entre las "dificultades" que enfrentan las mujeres, un asunto que Hurtado considera inaceptable dado que la interrupción del embarazo es considerada un "derecho fundamental".

Hurtado subrayó que a menudo las mujeres son vistas como "sujetos pasivos" en este proceso, careciendo del derecho a decidir sobre sus propios cuerpos. Afirmó que las barreras legislativas y burocráticas ponen en riesgo la seguridad y el bienestar de las mujeres que optan por abortar en la comunidad.

Finalmente, el informe de 2023 sobre la Evolución de las interrupciones del embarazo en Castilla y León revela que se llevaron a cabo 3.096 abortos en ese año, con un notable aumento en mujeres jóvenes de entre 18 y 25 años, así como en aquellas mayores de 40 que han requerido este servicio.