El 6 de junio en Zamora, un grupo de organizaciones ha decidido llevar a la justicia la situación generada por la eliminación de paradas de tren en Sanabria, que podría constituir un delito de prevaricación. Las entidades involucradas, entre las que se encuentran Unión el Pueblo Leonés (UPL), la asociación Viriatos, Terra SOStenible y Agricultores y Ganaderos Libres de Zamora, han presentado una demanda que involucra a figuras clave en el ámbito del transporte, incluyendo a los presidentes de Renfe y Adif, así como al secretario de Estado de Transportes y al alcalde de Vigo, a quien se señala como el "instigador" de esta problemática.

Es importante señalar que esta reestructuración de servicios promovida por Renfe, que comenzará a aplicarse el 9 de junio, implica la supresión de varias paradas en la estación de Sanabria Alta Velocidad. Esta estación se sitúa en una línea clave que conecta Madrid con Galicia y se encuentra cerca de la frontera entre Castilla y León y Orense. La decisión ha generado un fuerte rechazo en la comunidad, que ha manifestado su preocupación especialmente ante la eliminación de las frecuencias de tren durante la mañana.

Frente a esta situación, los colectivos afectados recurren a la justicia. Pilar Calvo, la abogada encargada de presentar la demanda, ha compartido detalles sobre el proceso a las afueras de los juzgados, destacando que se han solicitado medidas cautelares para que los servicios matinales en Sanabria se mantengan mientras se resuelve el litigio.

Calvo ha mencionado también aspectos clave como las expropiaciones que fueron necesarias para la construcción de la línea ferroviaria y el impacto ambiental que conlleva. Según sus declaraciones, el presidente de Renfe ha argumentado que la eliminación de las paradas en Sanabria responde a un "interés público". Sin embargo, Calvo ha subrayado que este concepto implica un procedimiento legal que requiere la audiencia de los afectados y una declaración formal del Ministerio de Transportes, lo cual no se ha cumplido.

La abogada considera que esa decisión es "injusta y deliberada", lo que podría enmarcarse dentro de un posible delito de prevaricación. Calvo también ha enfatizado que el tren debe ofrecer un servicio público y que la reducción de frecuencias va en contra de su finalidad. Además, ha enfatizado cómo el Gobierno anualmente destina considerable financiación a Renfe y Adif, lo que hace aún más cuestionable la decisión de recortar servicios: se prevé que dicha compensación alcance los 918 millones en 2025.

Respecto a las posibles consecuencias legales, Calvo ha señalado que este presunto delito podría acarrear penas de ocho meses de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos entre seis meses y dos años. Aunque la demanda se ha presentado en Zamora por ser el lugar más directamente afectado, no se descarta que si se determina que otros territorios también están impactados, el caso pueda ser elevado a la Audiencia Nacional.