VALLADOLID, 23 de octubre. Durante una reciente comparecencia, el secretario general del Grupo Parlamentario del PSCyL, Pedro González, ha trazado un claro perfil de Alfonso Fernández Mañueco, apuntando a su histórica conexión con la denominada "trama eólica", que ha sido calificada como la mayor red de corrupción del Partido Popular en Castilla y León. González aseguró que Mañueco, en su rol de compañero de gobierno y máxima autoridad sobre Rafael Delgado, no puede alegar ignorancia sobre los hechos investigados.

El análisis de los primeros días del macrojuicio ha revelado testimonios de diversos testigos, incluyendo altos funcionarios vinculados con el Ente Regional de la Energía y otros sectores, que han descrito un ambiente de chantaje y coerción. Estos empresarios se vieron forzados a incluir a socios locales en sus proyectos, como una condición para obtener las autorizaciones necesarias para el desarrollo de parques eólicos.

Con trece acusados en el banquillo, incluyendo a Rafael Delgado, quien ocupó altos cargos en la administración y enfrenta posibles penas de hasta 123 años y multas que suman 850 millones de euros, el secretario del PSCyL ha señalado a Mañueco como un actor clave en este entramado. Según González, el presidente de la Junta ha optado por mantenerse al margen, a pesar de su larga trayectoria en la política regional, lo que lo convierte en un cómplice silencioso de las irregularidades que se han desvelado.

González ha enfatizado que los testimonios no niegan los hechos, sino que los atribuyen a un exconsejero ya fallecido, sugiriendo que ha habido una cultura de impunidad en el Partido Popular. La corrupción no solo ha tenido consecuencias legales; también ha paralizado el desarrollo económico de Castilla y León, donde la ambición de ciertos políticos ha impedido el crecimiento y la inversión.

El impacto del escándalo ha llevado a muchos empresarios a retraerse de invertir en la comunidad, a la que algunos se refieren despectivamente como "Sicilia y León". El chantaje al que se vieron sometidos incluyó prácticas como la utilización de "semáforos" que indicaban la viabilidad de los proyectos según la sumisión a las demandas de la Junta. Aquellos que se resistían eran descartados, mientras que los que cedían a las exigencias lograban rápidas autorizaciones.

Casos concretos ejemplifican esta dinámica: un empresario tuvo su solicitud denegada por incluir socios catalanes, y otro enfrentó problemas por tener inversores alemanes, lo que llevó a Rafael Delgado a expresar su temor por represalias. Este contexto plantea la interrogante de quién ejercía realmente el control detrás de estas decisiones.

González ha insistido en que es crucial demandar responsabilidades a líderes como Herrera, Villanueva y, por supuesto, Mañueco, subrayando que su partido se mantendrá vigilante a lo largo del proceso judicial para exponer cualquier práctica corrupta que surja de los testimonios restantes.