En un giro impactante en el juicio por la "trama eólica", un testigo clave ha declarado que el exviceconsejero de Economía, Rafael Delgado, presionaba a empresas promotoras de energía eólica para que incluyeran a socios locales en sus proyectos. El testigo, el exdirector de Energía y Minas, Ricardo González Mantero, subrayó que Delgado amenazaba con la paralización de los proyectos si no cumplían con estas demandas.

Durante la sesión de este martes, González Mantero continuó ofreciendo explícitos detalles sobre las actividades de Delgado, a quien identificó como el principal instigador de los actos que ahora están bajo investigación. En su testimonio, recordó un encuentro inicial que tuvo lugar en 2005, donde Delgado le entregó un documento manuscrito que listaba a empresarios locales que debían ser integrados en las iniciativas de parques eólicos.

El exdirector, que había estado bajo la dirección de Delgado desde 2005, relató cómo, en su pensamiento inicial, consideró la solicitud extraña. Sin embargo, con el tiempo, se dio cuenta de las repercusiones que tales imposiciones podían tener para la integridad de los proyectos. Reveló que entre los nombres en la lista había empresas poco conocidas, lo que aumentó sus sospechas sobre la naturaleza de las instrucciones recibidas.

González Mantero también enmarcó el origen de la situación actual en decisiones tomadas en 2004 por la Consejería de Economía, cuando se otorgó a Delgado la autoridad para autorizar nuevos parques eólicos, una facultad que anteriormente estaba en manos de servicios especializados en cada provincia. Este cambio fue considerado innecesario y rechazado por varios funcionarios locales, mostrando así las tensiones que existían dentro del mismo sistema.

El testigo segmentó las acciones de Delgado en dos fases distintas: una menos agresiva, cuando ya había muchos proyectos avanzados, y otra más intensa a partir de 2009, donde se observaron intentos de cambiar la planificación con la propuesta de nuevos desarrollos que carecían de viabilidad. A pesar de los avisos de su equipo sobre las dificultades técnicas, Delgado insistía en sus condiciones.

González Mantero recordó un episodio significativo en marzo de 2005, cuando Delgado convocó a representantes de Iberdrola a una reunión que inicialmente resultó en una firme oposición. No obstante, una vez que Delgado salió del encuentro, la postura de la empresa cambió drásticamente, aceptando las condiciones impuestas por el viceconsejero, en un movimiento que él calificó de "teatral". También describió una reunión con el Grupo San Cayetano, donde se comunicaron acuerdos favorables a las empresas locales bajo la influencia de Delgado.

El exdirector enfatizó que no había razones legales para forzar la inclusión de socios locales, afirmando que la paralización de proyectos seguía a la falta de acuerdos con estos socios. Empresas como Nordex y Augusta Wind se vieron perjudicadas por el sistema de presiones, lo que llevó a situaciones en las que se les obligó a aceptar condiciones desventajosas para poder avanzar con sus iniciativas.

El juicio continuará con nuevas declaraciones, centrándose en Tomás Ciria, exjefe de Eólicas del EREN. Se pone de manifiesto que la "trama eólica" surge de un intento de la Junta para fomentar la participación local en un sector en crecimiento, pero que ha sido objeto de la corrupción sistemática mediante la imposición de condiciones abusivas.

Las implicaciones legales son severas: el Fiscal Anticorrupción ha solicitado penas que suman más de un siglo de prisión y multas por un total de 850 millones de euros para los trece acusados. Rafael Delgado enfrenta la pena más alta debido a su rol central en esta presunta corrupción, siguiendo las órdenes del fallecido Tomás Villanueva, exconsejero del área.