La situación de la educación pública en Castilla y León ha despertado serias preocupaciones entre los representantes políticos progresistas, quienes critican la falta de inversión en el sector. Pablo Fernández, procurador de Podemos y coportavoz de la formación, ha calificado de "inaceptable" que la comunidad autónoma se encuentre a la deriva sin presupuestos durante más de tres años, resaltando la ausencia del techo de gasto como un signo de irresponsabilidad por parte del gobierno regional.

Durante una reciente rueda de prensa en las Cortes de Castilla y León, Fernández expresó su descontento con las promesas del presidente Alfonso Fernández Mañueco, calificándolas de "anuncios fake". Según él, el hecho de que el Partido Popular no presente el techo de gasto es una clara indicación de que los compromisos realizados por el presidente no podrán ser financiados, lo que representa un "atraso" para la comunidad.

Además, Fernández no dudó en señalar la "desidia" del PP como un factor determinante en este estancamiento. A su juicio, la falta de acción refleja una gestión deficiente, al mismo tiempo que considera que las promesas preelectorales de Mañueco son más bien ilusorias y carentes de respaldo económico.

La crítica se amplió hacia la hipocresía del Partido Popular, con Fernández cuestionando por qué el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no exige lo mismo a su administración regional que él promueve en el ámbito nacional. Sostuvo que Mañueco debería haber convocado elecciones para rendir cuentas, lo que implica una falta de coherencia por parte del partido.

Por lo tanto, Fernández exigió la pronta presentación del techo de gasto y demandó al PP que cumpla con su responsabilidad de elaborar unos presupuestos que beneficien a Castilla y León. La falta de atención a la educación pública se convirtió en uno de los ejes centrales de su discurso.

En el contexto del inicio del nuevo curso escolar, el procurador subrayó que la apuesta del PP por la educación privada concertada va en detrimento de la educación pública. Se mostró alarmado por la elevada tasa de temporalidad entre los docentes, que supera el 25%, cuando la Junta había prometido que no excedería el 5%.

Asimismo, criticó las altas ratios de alumnos por clase en los colegios públicos, argumentando que se debe reducir a un máximo de 20 estudiantes. Fernández también abordó el tema de la "infrafinanciación" de la educación pública, en particular para la atención de niños de 0 a 3 años, exigiendo que los recursos públicos se destinen exclusivamente a la educación pública.

Finalmente, Fernández reafirmó la postura de su partido al insistir en que todo el dinero público debe canalizarse hacia la educación pública, sin destinar recursos a la educación privada o concertada. Su mensaje resuena con un claro llamado a la defensa de una educación inclusiva y accesible para todos.