La Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha prometido presentar un nuevo requerimiento judicial para que la Junta de Castilla y León dote al Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León (SERLA) de presupuesto propio y suficiente para mantener todas sus funciones, las cuales fueron acordadas dentro del marco del Diálogo Social antes de la llegada de Vox a la Consejería de Industria, Comercio y Empleo.

El secretario de UGT en Castilla y León, Faustino Temprano, ha afirmado que se presentará el nuevo requerimiento judicial pronto y, como muy tarde, la semana próxima. Ha expresado que "el compromiso de la Ministra por salvaguardar un servicio que pertenece a los castellanos y leoneses es firme". Además, ha mencionado la importancia de tener un servicio destinado a resolver los conflictos laborales de las personas trabajadoras de Castilla y León "sin juicio".

Este será el segundo requerimiento judicial del Ministerio de Trabajo a la Junta de Castilla y León. El anterior se presentó el 10 de marzo para pedir al Ejecutivo que repusiera el SERLA de forma inmediata, sin embargo, fue inadmitido por el departamento que dirige Mariano Veganzones que lo consideró un "despropósito jurídico de una ínfima calidad por parte de los técnicos del Ministerio de Trabajo".

Posteriormente, la Junta de Castilla y León acordó destinar 400.000 euros a la Fundación Serla en una reunión del Consejo de Gobierno celebrada el 13 de abril, lo que supone un 60% menos que en años anteriores, orientados solamente a la mediación en conflictos colectivos laborales. No obstante, el Gobierno central y los sindicatos quieren extender esta actividad también a los conflictos individuales y a otras actividades que realizaba el SERLA en anteriores legislaturas.

Temprano ha criticado a la Junta de Castilla y León indicando que es un presupuesto muy ínfimo y que supone un "vacío de competencias" de la Fundación del SERLA. Por esta razón, los sindicatos y el gobierno central no van a permitirlo, lo que ha provocado el segundo requerimiento judicial anunciado hoy por Yolanda Díaz.

El Gobierno de Castilla y León argumentó que la aportación económica anual de la Junta fue hasta el momento la "única" fuente de financiación del SERLA para el desarrollo del Sistema de Solución Autónoma de Conflictos Laborales en este territorio. Además, explicó que esa aportación estaba sustentada por los acuerdos suscritos desde 1997 en el marco del Diálogo Social entre la Junta de Castilla y León, CEOE, UGT y CC.OO, que faltó en el momento de redactar las cuentas de 2023. El Gobierno autonómico explica que aún no se ha llegado a un nuevo acuerdo y que tampoco estaba vigente el anterior, lo que impidió incorporar al anteproyecto de esos presupuestos "cantidad económica alguna para la fundación".