Una nueva recolección de firmas ha sido lanzada en Castilla y León en una clara llamada de atención sobre la necesidad de orientación y apoyo educativo para todos los niños. Este miércoles, Pablo Fernández, procurador de Unidas Podemos en la región, anunció su intención de presentar iniciativas legislativas para exigir a la Junta que respete la normativa vigente y asegure la presencia de Asistentes Técnicos Educativos (ATE) en las escuelas que los necesiten.
La historia de Noa, una niña con necesidades especiales del colegio Tierno Galván en Valladolid, ha servido de catalizador para esta acción. A pesar de contar con una resolución favorable del Procurador del Común, a Noa se le ha denegado el apoyo de un ATE, lo que ha generado un alarmante vacío en su educación. Su madre, Laura Jódar, ha expresado su frustración al ver que, en su ausencia, las tutoras y especialistas están asumiendo responsabilidades que no les corresponden, lo cual puede tener serias implicaciones en situaciones delicadas como el control de esfínteres de su hija.
Laura ha enfatizado la inaceptabilidad de depender de la "buena voluntad" del personal educativo y ha urgido a la Junta a cumplir con sus obligaciones legales. “Mi hija tiene que luchar por su lugar en un aula, no por la fortuna de tener un equipo docente favorable”, ha señalado, a la vez que criticaba la propuesta de cambiar a Noa de colegio a una institución con más recursos, aduciendo que eso va en contra de su derecho a estudiar en su entorno familiar.
La madre ha declarado rotundamente que Noa merece estudiar en un centro ordinario que esté cerca de su hogar y que cuente con los apoyos necesarios. “No es aceptable que Castilla y León se presente como un modelo de inclusión mientras muchas familias atraviesan las mismas dificultades que nosotros”, ha afirmado, impulsando una campaña para exigir a la Junta que los recursos se asignen donde verdaderamente son necesarios para los niños, y no al revés.
Por su parte, Pablo Fernández ha señalado que el Gobierno autonómico está incumpliendo la ley al negarle a Noa el apoyo educativo necesario. “El PP está socavando derechos fundamentales al privar a las familias de una educación inclusiva”, ha declarado con firmeza, dejando claro que su grupo parlamentario no cejará en su apoyo a esta familia y a todas las que enfrentan circunstancias similares.
Para concluir, Fernández anunció que interpelará a la consejera de Educación, Rocío Lucas, durante el Pleno de las Cortes. Además, criticó la aparente contradicción de un Gobierno que alardea de contar con los presupuestos más altos de su historia, mientras no destina recursos adecuados para garantizar el acceso a la educación de los menores con discapacidad. “Es inaceptable que se ignore esta problemática”, subrayó.
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