VALLADOLID, 4 de octubre. La Junta de Castilla y León ha presentado, en el plazo estipulado por el Ministerio de Hacienda, un total de doce alegaciones al anteproyecto de Ley del Gobierno que regula la deuda autonómica. Esta propuesta, según advierte la Junta, podría impactar de manera negativa a la ciudadanía castellano-leonesa, exponiéndolos a un aumento de su deuda de hasta 523 euros por persona.

El documento que contiene las alegaciones reafirma la postura crítica de la Junta frente a la condonación de la deuda autonómica, una postura que ya fue manifestada en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera y en diversas discusiones técnicas previas, así como durante la consulta pública inicial.

Entre los puntos centralizados en las alegaciones se destaca que la norma presentada posee una motivación “nítidamente política”, derivada del pacto de investidura entre el Gobierno de España y dos partidos políticos, lo que socava la neutralidad que debería regir estas decisiones financieras.

Además, la Junta sostiene que el anteproyecto carece de un enfoque integral para abordar la sostenibilidad financiera necesaria para que las comunidades autónomas puedan garantizar la adecuada provisión de servicios públicos, considerándolo un simple “parche” que no aborda las carencias estructurales del sistema autonómico.

La Junta ha enfatizado que la verdadera urgencia radica en la reforma del sistema de financiación vigente, el cual ha permanecido obsoleto durante más de una década, insistiendo en que este cambio debe basarse en principios de solidaridad y equidad en la repartición de recursos.

En otro apartado, las alegaciones critican la falta de respeto al principio de responsabilidad fiscal consagrado en la Constitución Española y en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que establece que cada administración debe hacerse cargo de la gestión de su deuda y las consecuencias derivadas de sus decisiones financieras.

El documento también resalta que el anteproyecto no establece mecanismos adecuados que vinculen la condonación de deuda a la adherencia a las normas fiscales, lo que es fundamental para fomentar una disciplina fiscal que garantice un uso responsable de los recursos públicos.

Asimismo, se critica que el Gobierno haya llevado a cabo este proceso sin la transparencia necesaria, debilitando la cooperación financiera entre el Estado y las comunidades autónomas, al no abrir un canal de consulta y negociación que involucrara a todas las partes interesadas.

En este sentido, la Junta ha señalado que la medida resulta “injusta”, ya que genera desigualdades entre distintas regiones, y se opone a los criterios de repartición acordados previamente, considerándolos arbitrarios y desconectados del actual sistema de financiación.

La Junta también argumenta que no existe justificación para un aumento de la deuda transferida al Estado, ya que todas las comunidades autónomas se enfrentan a un problema de infrafinanciación.

Un aspecto especialmente preocupante es que los habitantes de Castilla y León se contarían entre los más afectados, ya que el incremento de la deuda per cápita podría suponer una carga adicional de 523 euros, lo que impactaría negativamente en su capacidad económica.

También se lamenta que esta propuesta no aporte ingresos adicionales a las arcas autonómicas ni se traduzca en mayor capacidad de inversión en sectores esenciales como la sanidad, educación o servicios sociales.

Por otro lado, las alegaciones apuntan que el anteproyecto incluye cambios significativos en el régimen de endeudamiento que podrían afectar la obligación de destinar fondos a inversión pública, lo que podría tener un impacto adverso a largo plazo.

La Junta advierte que esta medida no solo ignora las deficiencias del actual modelo de financiación, sino que además impone restricciones, ya que las administraciones autonómicas deberán solicitar autorización estatal para formalizar nuevos endeudamientos, incluso después de que se haya publicado el proceso de asunción de deuda.

En la valoración del anteproyecto, la Junta sostiene que la reducción de la deuda no alcanzará a mejorar la sostenibilidad financiera de las comunidades. Según sus argumentos, el bienestar financiero de Castilla y León debe ser garantizado a través de un debate conjunto que aborde la reforma del sistema de financiación de manera equitativa y colaborativa.

Finalmente, la Junta ha subrayado que la región enfrenta problemas serios de insuficiencia de recursos para cubrir sus necesidades de gasto, lamentando que el modelo actual no pondera adecuadamente los factores demográficos y territoriales que encarecen la prestación de servicios públicos. Según el Consejo de Cuentas de Castilla y León, el déficit acumulado de financiación entre 2009 y 2021 asciende a 6.722 millones de euros, lo que equivale a más de 500 millones anuales.