VALLADOLID, 31 de octubre.

Esta semana, la Junta de Castilla y León organizó unas jornadas técnicas que marcarán un hito en la supervisión ambiental de la región. En este encuentro, se presentó el renovado sistema de inspección ambiental, diseñado para mejorar la vigilancia y el control sobre actividades e instalaciones que pueden impactar negativamente en el medio ambiente.

El evento fue inaugurado por Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández, consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, y atrajo a un numeroso grupo de profesionales, así como a representantes de industrias, gestores de residuos, cooperativas ganaderas y organizaciones ambientales acreditadas.

Durante las jornadas, se expusieron las innovaciones clave de este nuevo marco normativo, que busca reforzar la protección ambiental mediante un enfoque más dinámico, claro y eficaz.

Una de las grandes novedades es la creación de los Organismos de Control Ambiental Acreditados (OCAA). Estas entidades tendrán la capacidad de trabajar junto a la Administración autonómica en los procesos de inspección, garantizando que la responsabilidad última de la supervisión siga recayendo en el sector público.

En el transcurso de las jornadas, se anunció que el Programa de Inspección Ambiental, regulado por este nuevo decreto, comenzará en 2026. La Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental será quien defina cuáles instalaciones necesitarán ser inspeccionadas y con qué periodicidad, considerando su potencial riesgo ambiental. Además, se notificará a los responsables de estas instalaciones, con un mínimo de cuatro meses de anticipación, sobre la necesidad de contratar a un OCAA regulado por la Junta.

Los OCAA realizarán su labor en representación de la Administración, por lo que los responsables de las instalaciones deben garantizarles acceso, la documentación adecuada y la presencia de una persona conocedora del funcionamiento y gestión ambiental durante las inspecciones.

Si los titulares de las instalaciones no están de acuerdo con el informe del OCAA, podrán presentar sus objeciones a través de la Sede Electrónica de la Junta de Castilla y León.

Este modelo de inspección no solo propone una simplificación administrativa, sino que también promueve la corresponsabilidad entre los distintos actores económicos, reduce los gastos públicos y aplica el principio de "quien contamina, paga". De este modo, Castilla y León se posiciona entre las comunidades más avanzadas en inspección y gestión ambiental, ocupando el tercer lugar en instalaciones sujetas a autorización ambiental y el segundo puesto en relación con la población, con una instalación por cada 2.687 habitantes.

Además, se recordaron otras iniciativas de sostenibilidad empresarial impulsadas por el gobierno autonómico, como el Pacto por la Economía Circular, que busca integrar al sector productivo en la transición hacia un modelo más sostenible. Asimismo, se mencionó el programa "Ventana Abierta a la Sostenibilidad de Excelencia", que conecta a empresas comprometidas con la sostenibilidad y centros de Formación Profesional.

La Junta subrayó, a través de un comunicado difundido por Europa Press, su "firme compromiso" con la protección del medio ambiente, la innovación sostenible y la colaboración entre el sector público y privado, que son esenciales para lograr un desarrollo económico equilibrado y respetuoso con la naturaleza.