VALLADOLID, 13 de octubre - El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, está a punto de presentar sus cuartos presupuestos, que marcan su debut en solitario al frente de esta responsabilidad. Este plan se apoyará en el techo de gasto no financiero más alto registrado hasta la fecha, que asciende a 14.183 millones de euros para el año 2026, cifra que fue ratificada el pasado jueves por el Consejo de Gobierno.

La presentación del proyecto de presupuestos se llevará a cabo de acuerdo con los tiempos establecidos por el Estatuto de Autonomía de la comunidad, que fija el 15 de octubre como el plazo límite para este requerimiento legal. Esto marca un cambio significativo en la rutina administrativa, dado que el cumplimiento de estos plazos es fundamental para la normalización del proceso legislativo.

Este momento es crucial, ya que la presentación del nuevo presupuesto permitirá iniciar el trámite de las cuentas del año 2026. Este año es especialmente relevante para Castilla y León, ya que se acercan las elecciones, programadas para el 15 de marzo, tras la anticipación electoral que tuvo lugar en 2022.

La aprobación de los presupuestos para 2026 también significaría el final de la prórroga presupuestaria vigente, que actualmente se basa en las cuentas del año 2024. Estos presupuestos fueron aprobados el 30 de abril de ese mismo año, tras haber comenzado el ejercicio bajo una extensión de las cuentas de 2023, lo que ha generado preocupación sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas.

El pasado, marcado por la aprobación de los últimos presupuestos por parte del PP y Vox en una jugada unilateral, queda atrás. Ese día, ambas formaciones lograron sacar adelante la legislación que aún está en vigor. Sin embargo, a diferencia de lo que se está llevando a cabo en esta ocasión, la Junta de Castilla y León no formalizó su proyecto de ley de presupuestos para 2025 en 2024. Aunque el 15 de octubre de ese año se presentó un anteproyecto que contemplaba un presupuesto de 15.084 millones de euros y se aprobó el techo de gasto, la falta de un procedimiento adecuado creó inquietudes en torno a la previsión económica en la comunidad.