La controversia en torno al manejo de la crisis de incendios en Castilla y León ha alcanzado un nuevo nivel tras la denuncia interpuesta por Podemos contra la Junta presidida por Alfonso Fernández Mañueco. La formación política exige la destitución inmediata del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, al considerar su gestión "negligente y temeraria", advirtiendo que si el presidente no actúa, podría enfrentar consecuencias graves para su propio cargo.

El coordinador de Podemos en la región, Miguel Ángel Llamas, ha hecho público el contenido de la denuncia, que señala a toda la Junta, pero con un énfasis particular en la Consejería que Suárez-Quiñones dirige. Llamas argumenta que la falta de acción del consejero, y la inacción reiterada de la Junta, han exacerbado la crisis de incendios que ha arrasado aproximadamente 150,000 hectáreas esta temporada, poniendo en riesgo a la población.

Podemos fundamenta su reclamación en una serie de elementos que, según ellos, evidencian un manejo inadecuado y potencialmente delictivo de la situación. Entre los puntos críticos mencionados se encuentra la falta de actualización del Decreto Infocal, que regula la respuesta ante incendios forestales. Llamas subraya que a pesar de que la modificación de esta norma era obligatoria desde 2013, la Junta no ha hecho ningún movimiento hasta 2025, lo que apunta a una grave falta de preparación.

El líder de Podemos sostiene que esta demora ha debilitado gravemente la capacidad de respuesta ante incendios, amparando la seguridad de los ciudadanos afectados. La falta de incorporación de los municipios más vulnerables al plan de prevención ha sido calificada de "extremadamente preocupante", dada la considerable afectación a la seguridad colectiva.

Además, la denuncia señala un proceso de privatización irregular del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, una acción que carece de cobertura normativa y que parece destinada a favorecer la integración de personal privado en lugar de fortalecer los equipos operativos públicos. Según Llamas, esto se traduce en una violación de derechos laborales y crea un entorno de trabajo precario para los operativos de extinción.

En otro aspecto, se critica también la pasividad de la Junta ante la crisis ambiental que los incendios han generado, haciendo referencia a la falta de alertas o recomendaciones a la población, especialmente a aquellos grupos vulnerables. Llamas ha recordado que la Junta debía haber implementado un plan para mejorar la calidad del aire a raíz de un fallo judicial, pero su ejecución fue, según él, deficientemente realizada.

Por último, el coordinador de Podemos ha desafiado las afirmaciones del consejero sobre el número de efectivos disponibles para la lucha contra incendios, resaltando que el verdadero número de operarios es mucho menor al que se ha publicitado. Esta discrepancia en las cifras es interpretada como un intento de disfrazar la realidad de un sistema ya comprometido.

Frente a este panorama, Llamas ha hecho un llamado urgente para que el consejero dimita o sea cesado por el presidente, resaltando que el futuro de la Junta de Castilla y León podría estar en juego si no se toman medidas decisivas para abordar la crisis de incendios que afecta a la comunidad.