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PP y Vox piden el fin de la concentración de presos como "deuda política" con Euskadi.

PP y Vox piden el fin de la concentración de presos como

Este miércoles, el portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, Carlos Menéndez, ha presentado una Proposición No de Ley respaldada por el PP, exigiendo al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que deje de concentrar presos peligrosos procedentes de las prisiones del País Vasco en los centros penitenciarios de Castilla y León para pagar sus "deudas políticas"

La iniciativa de Vox ha contado con la abstención de UPL-Soria YA, Cs y Por Ávila y ha sido rechazada por Podemos y PSOE. Yolanda Sacristán, procuradora del PSOE, ha criticado que la propuesta de Vox esté "plagada de mentiras" mientras que el Gobierno central avanza "con hechos" para garantizar la seguridad de los funcionarios de prisiones.

Para Menéndez, el problema actual de los centros penitenciarios comenzó en octubre de 2021, momento en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "traspasó el control de las cárceles del País Vasco al Gobierno Vasco, otorgándole plena competencia sobre ellas". Según el procurador de Vox, el problema se incrementó en los últimos dos meses cuando el Ministerio del Interior del Gobierno Socialista de España "anunció oficialmente el fin de la política de dispersión de presos etarras".

Menéndez ha explicado que el Gobierno vasco ha liberado plazas penitenciarias ocupadas por presos proetarras con presos comunes, deshaciéndose de presos conflictivos para enviarlos a otros lugares de España y utilizando las plazas vacantes para presos etarras provenientes de otros centros penitenciarios del resto de España. Esto ha llevado a que se transfieran a Castilla y León reclusos clasificados como primer grado, altamente conflictivos y que han protagonizado incidentes violentos, lo que preocupa a Menéndez debido a las graves agresiones que están sufriendo los funcionarios de prisiones en Castilla y León. Según ha señalado, estas cifras se han quintuplicado en los dos últimos años, pasando de nueve agresiones en 2021 a 45 en 2022.

Por último, Menéndez también ha reclamado que los funcionarios de prisiones sean considerados como agentes de autoridad.