VALLADOLID, 17 de septiembre.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dado un giro significativo al caso del gestor de criptomonedas Alejandro B.H., quien había sido absuelto en un juicio anterior. En esta nueva resolución, el tribunal ha decidido condenarlo a dos años de prisión por un delito de administración desleal, tras encontrar pruebas suficientes de que estafó a tres víctimas en 2021, con un total de 31.000 euros.

La Sala de lo Civil y Penal del TSCyL, situada en Burgos, ha dado la razón a los recursos presentados por las víctimas. En su fallo, además de la pena de prisión, se exige que el condenado compense a los afectados con cantidades de 10.000 euros, 3.600 euros y 4.038 libras esterlinas, según ha reportado Europa Press a través de sus fuentes jurídicas.

La decisión del tribunal reviste especial importancia dado que la sentencia anterior, emitida por la Audiencia Provincial, había considerado que los daños a los inversores no era constitutivos de un delito de apropiación indebida. Este criterio contrastaba con las solicitudes de acusación que pedían castigos más severos por fraude y otras irregularidades financieras.

En febrero, el tribunal consideró que los perjudicados eran conscientes de la naturaleza arriesgada de invertir en criptomonedas y aceptaron las condiciones del acusado, quien les prometió rendimientos altos a través de inversiones en una 'stablecoin'. El tribunal de primera instancia se mostró comprensivo con el escenario volátil del mercado, sugiriendo que las víctimas conocían los riesgos que asumían.

El acusado, Alejandro B.H., recibió los fondos en su cuenta de Binance y los administró a través de billeteras digitales individuales. Aunque prometió altos rendimientos, los resultados fueron contrarios a lo esperado, lo que lo llevó a realizar inversiones aún más arriesgadas que resultaron en pérdidas totales para sus clientes.

En su defensa, Alejandro argumentó que no había tomado el dinero para su beneficio personal, sino que lo había invertido. Sin embargo, la realidad de su gestión llevó a la total desaparición de los fondos de sus víctimas. En sus propias palabras, admitió haber subestimado la complejidad del nuevo mundo financiero en el que intentó incursionar.

Durante el juicio, el acusado, que se desempeña como mecánico industrial, comentó sobre su experiencia, reconociendo su falta de habilidades en inversiones y expresando su deseo de regresar a su carrera original. Es interesante notar que, a pesar de su escasa preparación formal en financias, llegó a presentarse como un experto en criptomonedas, logrando convencer a varios inversores en un grupo de WhatsApp.

Los denunciantes, quienes no formalizaron su relación mediante contratos, confiaron en la reputación del acusado en el grupo. En todos los casos, prometió una inversión sin riesgo y retornos mensuales atractivos, pero no recibieron nada a cambio y se quedaron sin sus ahorros. Esta situación ha sacado a la luz la vulnerabilidad de los inversores en un campo tan nuevo como el de las criptomonedas.

Por otro lado, un agente de la Policía Nacional que investigó el caso subrayó los desafíos que enfrentó para rastrear el paradero de los fondos, ya que el mundo cripto es a menudo opaco y difícil de seguir. La trazabilidad de las inversiones se convierte en un rompecabezas casi imposible de resolver.

La defensa del acusado presentó un informe de un experto en criptomonedas que sugirió que Alejandro invertía los fondos en el mercado de futuros, reconocido por su alta volatilidad. Las pérdidas se produjeron en medio de una caída alucinante en el mercado cripto, lo que llevó finalmente a la pérdida total de los capitales de los inversores.

Este caso subraya la necesidad de una mayor formación y regulación en el campo de las criptomonedas, donde la falta de conocimiento puede tener consecuencias devastadoras para personas poco familiarizadas con los riesgos asociados.