El pasado 17 de julio, la Junta de Castilla y León anunció su intención de pedir al Gobierno central que reconozca a la provincia de Valladolid como zona seriamente afectada por una emergencia de Protección Civil. Esta solicitud surge a raíz de las devastadoras tormentas de lluvia y granizo que azotaron la región los días 4 y 5 de julio, causando estragos en varios municipios.

Carlos Fernández Carriedo, portavoz de la Junta, destacó que las intensas lluvias y el granizo desencadenaron inundaciones que resultaron en “daños materiales significativos”. Estas condiciones meteorológicas extremas llevaron incluso al rescate de dos personas que quedaron atrapadas en sus vehículos por la acumulación de agua en las vías. Se reportaron un total de 76 incidentes relacionados con esta ola de inclemencias.

Entre los municipios más golpeados se encuentra Medina del Campo, donde el polideportivo Barrientos perdió su techo, la planta baja de la residencia de ancianos 'San José' se inundó y las cubiertas del colegio 'San José' fueron arrancadas, junto con daños en las infraestructuras de saneamiento. También se registraron inundaciones en comercios, garajes y sótanos, así como daños en cultivos que son esenciales para la economía local.

Mientras tanto, en Villanubla, la situación fue similar, con comercios y viviendas en riesgo debido a las inundaciones. Rueda, por su parte, sufrió el impacto en 1.500 hectáreas de agricultura, incluidas 500 hectáreas de viñedos, además de daños en la ermita local y situaciones de emergencia en locales comerciales y viviendas.

Las localidades de Bocos de Duero y Peñafiel también enfrentaron inundaciones en diversos espacios, lo que sumó más complicaciones a la ya grave situación en la provincia. La magnitud de estos eventos llevó a la Junta a tomar acciones inmediatas.

Fernández Carriedo recordó que el 4 de julio, la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta había emitido un aviso de nivel naranja, advirtiendo sobre el riesgo de lluvia y tormentas. A medida que la situación se deterioró, se activó el PLANCAL para manejar la emergencia y coordinar la respuesta necesaria.

Este Plan de Protección Civil se mantuvo en estado de alerta hasta el 6 de julio por la mañana, cuando la situación comenzó a normalizarse en las áreas impactadas por las tormentas. La Junta considera que estos eventos naturales cumplen con los criterios de catástrofe definidos en la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, dado que han interrumpido gravemente la vida comunitaria debido a los significativos daños materiales.

Finalmente, el portavoz subrayó que la ley contempla la implementación de medidas de prevención y recuperación que podrían incluir desde estudios de riesgo hasta programas de concienciación dirigidos a la población, todo ello tras la declaración oficial de una emergencia, lo que podría facilitar la ayuda necesaria para la recuperación de la comunidad afectada.