VALLADOLID, 9 Nov. - El Sindicato Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León (Apamcyl), que forma parte de Uscal, ha lanzado una alerta sobre la grave escasez de funcionarios en los servicios jurídicos de Medio Ambiente de varias provincias, lo que ha llevado a un "colapso" en el proceso de tramitación de denuncias que impacta directamente en la protección del entorno natural.

En un comunicado difundido a través de Europa Press, el sindicato ha señalado de forma específica la falta de personal encargado de gestionar los expedientes sancionadores que resultan de las denuncias realizadas por los agentes medioambientales y otros cuerpos de autoridad frente a infracciones de las normativas ambientales.

Esta insuficiencia de personal no solo afecta el funcionamiento interno de los Servicios Territoriales, sino que tiene consecuencias tangibles en el trabajo de los agentes medioambientales, en la seguridad legal de los ciudadanos y, sobre todo, en la preservación del medio ambiente, enfatiza Apamcyl.

Asimismo, el sindicato ha evidenciado que esta situación provoca un "colapso" en la tramitación de denuncias, lo que desvirtúa el arduo trabajo de campo llevado a cabo por los agentes dedicados a la protección de la naturaleza y que muchas veces queda sin respuesta.

“Es crucial recordar que la mayoría de las denuncias sobre infracciones ambientales deben ser gestionadas por las administraciones autonómicas, y en menor medida por los ayuntamientos”, señala la organización, recordando que los agentes medioambientales invierten tiempo y recursos en investigar y documentar posibles faltas a la ley.

Desafortunadamente, estos esfuerzos se encuentran “vacíos” sin la debida dirección, generando una sensación de impunidad ante el incumplimiento normativo, lo que deja al medio ambiente en una situación vulnerable, critica Apamcyl.

A pesar del compromiso y la profesionalidad de los agentes medioambientales en su labor, la paralización de los expedientes sancionadores permite que las faltas queden impunes, resultando en daños irreparables al entorno natural y, en ocasiones, a la salud pública de los ciudadanos, lo cual genera una clara indefensión para los afectados.

En este contexto, el sindicato ha indicado que algunas denuncias pueden derivar en procesos sin la adecuada tramitación o garantías, provocando “perjuicios irreparables”, especialmente cuando se trata del decomiso de armas o materiales utilizados en dichas infracciones.

Además, la paralización de actividades de manera cautelar podría implicar responsabilidades patrimoniales para la administración, lo que añade un nivel adicional de preocupación a esta problemática.

La situación se agrava con la “incongruencia” en la gestión del actual Equipo de Gobierno de la Junta, que ha sido criticada por el sindicato. La reciente contratación de 90 técnicos se ha hecho sin clarificar la base jurídica de esos contratos, mientras más de 20 plazas de funcionarios de los servicios jurídicos siguen vacantes en los Servicios Territoriales de Medio Ambiente.

Apamcyl subraya que esta política de personal va en contra de los principios de eficacia y legalidad, priorizando contrataciones de dudosa legitimidad mientras ignora puestos esenciales para la aplicación de leyes ambientales, alimentando la impunidad ante incumplimientos normativos.

Por ello, el sindicato exige a la Junta que adopte “medidas urgentes” para cubrir estas vacantes, subrayando que la protección del medio ambiente, la seguridad jurídica de los ciudadanos y la efectividad del trabajo de los funcionarios públicos no pueden seguir siendo vulnerables por falta de personal capacitado y decisiones políticas incoherentes.

Finalmente, Apamcyl denuncia que esta es “una política errónea” del Gobierno de la Junta, que se está llevando a cabo en “uno de los años más críticos de incendios forestales” en la región, lo que hace aún más imperativo abordar esta situación con la seriedad que merece.