La Fiscalía de Valladolid ha solicitado penas de cinco años y medio de prisión para cada uno de los cinco miembros de una familia marroquí, acusados de formar parte de una organización criminal dedicada a la explotación laboral en el sector agrícola. Esta petición de condena se enmarca en un caso donde se les acusa de no dar de alta a sus trabajadores en la Seguridad Social mientras operaban en la provincia.

El juicio de estos cinco empresarios, identificados como Albelaziz, Badr, Fátima, Mohamed El K. y Aziza L., se llevará a cabo el próximo 17 de octubre en la Audiencia de Valladolid. La acusación pública ha presentado cargos que incluyen delitos contra la Seguridad Social y la vulneración de los derechos laborales, además de la integración en un grupo criminal. De ser hallados culpables, se enfrentan a penas que combinan prisión, fuertes multas que superan los 665,000 euros, y sanciones que podrían costarles la pérdida de ayudas públicas durante seis años.

Según la Fiscalía, estos acusados planificaron una estrategia para operar en el ámbito agrícola de Valladolid y zonas aledañas sin hacer las contribuciones necesarias a la Seguridad Social tanto de sus trabajadores como las propias. La investigación revela que, a través de una serie de inscripciones en el Régimen General de la Seguridad Social como empresarios individuales, intentaron simular un cumplimiento adecuado con sus obligaciones legales, creando así una fachada de legalidad a pesar de su creciente deuda con la institución, que asciende a 225,125 euros.

Los investigadores también hallaron que, para llevar a cabo sus operaciones, estos empresarios contrataban a personas de su misma nacionalidad en condiciones precarias, empleándolas sin la documentación necesaria que les otorgara permisos de residencia y trabajo. Las inspecciones realizadas en varios campos de trabajo en 2022, en localidades como Chañe y Cantalejo, corroboraron la grave situación de los trabajadores involucrados, que se encontraban en una total vulnerabilidad laboral.