VALLADOLID, 16 de octubre. La Junta de Castilla y León ha dado un paso significativo al autorizar a la Consejería de Economía y Hacienda a emitir un requerimiento previo que prepara el terreno para un posible proceso judicial contra el Gobierno central. Este movimiento busca que se aclare la liquidación del sistema de financiación autonómica del año 2023, que, según cálculos de la administración regional, alcanzaría los 315 millones de euros.

En una reunión reciente del Consejo de Gobierno, Carlos Fernández Carriedo, portavoz de la Junta y líder de la Consejería de Economía y Hacienda, subrayó que esta decisión se fundamenta en el "principio de lealtad institucional". Este requerimiento es un paso previo a la posible judicialización del asunto, y su propósito es asegurar que la comunidad reciba los recursos que legítimamente le corresponden.

Fernández Carriedo se refirió a la importancia del principio mencionado, destacando que "la entidad que establece y regula las normativas debe ser la misma que se haga responsable de los gastos que generen". Criticó el modelo actual donde las comunidades autónomas, a menudo, se ven obligadas a asumir costos originados por regulaciones nacionales sin recibir compensación, afirmando que es necesario romper con la mentalidad de “yo invito y tú pagas”.

El consejero explicó que la liquidación de este sistema de financiación habitualmente se hace con un retraso de dos años, y que es precisamente en 2025 cuando se deberá llevar a cabo esta reclamación previa a un posible enfrentamiento legal. Sin embargo, expresa su esperanza en que se logre un acuerdo con el Gobierno central antes de que sea necesario recurrir a los tribunales.

"Nuestra expectativa es evitar la vía judicial y asegurar que se respete este principio fundamental de que quien regula es quien debe asumir los costos", concluyó Fernández Carriedo, reiterando su compromiso para salir de esta situación que afecta a la comunidad.