En un nuevo giro en la investigación sobre la presunta corrupción vinculada a la energía eólica en Castilla y León, Ricardo González Mantero, exdirector del Ente Regional de la Energía (EREN), ha señalado directamente al exviceconsejero de Economía, Rafael Delgado, quien, según su testimonio, estaba detrás de la manipulación de los listados de promotores eólicos. González Mantero sostiene que Delgado impulsaba la exclusión de aquellas empresas que se negaban a aceptar la participación de socios locales en sus proyectos.

La causa por la denominada 'trama eólica' ha reabierto su curso en la Audiencia de Valladolid, con González Mantero prestando testimonio ante el Fiscal Anticorrupción, Tomás Herranz. Durante su declaración, el exdirector del EREN entre 2005 y 2019 relató cómo se sistematizó un proceso que favorecía a grandes compañías del sector energético con el fin de garantizar la inclusión de empresarios locales, evitando que sus proyectos se bloquearan.

Desde 2004, una instrucción de la Consejería de Economía reasumió el control sobre las autorizaciones en el sector eólico, una medida que tanto González Mantero como su colega José García Marqués han calificado de innecesaria. Según manifestaron, los jefes de servicios territoriales de Industria ya estaban ejerciendo esas funciones desde un decreto de 1987, y la nueva instrucción generó confusión en el proceso administrativo.

González Mantero se distanció de la decisión que dio lugar a esta instrucción, indicando que no tuvo participación en ella. Recordó que durante la ausencia del fallecido Manuel Ordóñez, quien ocupaba el cargo anterior, Rafael Delgado aprovechó esa oportunidad para adentrarse más en el sector eólico, mostrando un particular interés por el avance de los proyectos.

El exdirector del EREN explicó que Delgado establecía un filtro para los proyectos que, según su criterio, no cumplían con la inclusión de socios locales. "Cuando no estaba satisfecho con la respuesta de algún promotor, pedía que se retirara el proyecto del listado", afirmó, resaltando que muchas veces se argumentaba la competencia en la evacuación de energía, lo cual no correspondía a la fase actual del proceso.

Durante el juicio, González Mantero relató que, a partir de 2005, la estructura inicial de los listados, que solo identificaba a los promotores y la potencia requerida, cambió por orden de Delgado, comenzando a incluir nombres de empresarios locales, lo que evidenció una dirección ilícita en la tramitación de estos proyectos.

El testigo recordó una reunión con representantes de Iberdrola en 2005, donde Delgado entregó un documento que incluía socios locales. A pesar del malestar inicial de la empresa, finalmente accedieron a lo solicitado, lo que muestra la presión ejercida a nivel institucional para implementar estas modificaciones.

González Mantero también admitió que algunos proyectos sufrieron retrasos de hasta tres años debido a la avocación de los mismos, un proceso que debería haber sido más directo tras la declaración de impacto ambiental, lo que demuestra la manipulación en el desarrollo normal de las autorizaciones.

En el transcurso de la jornada, tomó la palabra José García Marqués, exjefe del Servicio de Energía en el EREN, que, a diferencia de González Mantero, mostró una notable falta de recuerdo en algunos detalles del proceso, lo que provocó frustración en la parte acusadora.

Marqués tampoco pudo explicar las razones detrás de la figura de la avocación implementada en 2004 y, aunque se le preguntó sobre reuniones cruciales para la priorización de proyectos eólicos, alegó una amnesia que dificultó ofrecer claridad sobre la situación. Su declaración se limitó a indicar que no podía entender las decisiones tomadas, sugiriendo que hubo algún tipo de error administrativo.

El juicio, que involucra a trece acusados en total, se traduce en la posibilidad de sanciones que suman hasta 123,5 años de prisión y multas que alcanzan los 850 millones de euros. Rafael Delgado, en particular, enfrenta la pena más severa por su presunta función como líder en esta trama corrupta.