VALLADOLID, 9 de octubre. La Audiencia de Valladolid se prepara para llevar a cabo un juicio el 16 y 17 de octubre contra Eduardo G.A., un empresario que ha acumulado una deuda de más de 188.000 euros con la Seguridad Social entre 2006 y 2021. Según la acusación, el empresario creó un complejo entramado de sociedades para evadir la presentación de las bases de cotización de sus 218 empleados, ocultando la verdadera cuantía de estas contribuciones y eludiendo la obligación de pagar las cuotas correspondientes a la Seguridad Social.

El fiscal ha calificado los actos de Eduardo G.A. como un delito de fraude a la Seguridad Social, solicitando una condena de tres años y nueve meses de prisión, además de una multa que asciende a 500.000 euros. También se propone prohibir al empresario acceder a subvenciones públicas o incentivos fiscales durante un período de seis años. Sumado a esto, se le imponen otros dos años y nueve meses de cárcel por un segundo delito relacionado con la frustración de la ejecución, además de una indemnización de 188.660 euros a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social.

La acusación sostiene que el imputado fue el administrador único de varias empresas y se negó a cumplir con su deber de pagar las cuotas de sus empleados a la Seguridad Social. En concreto, las sociedades implicadas incluyen Login Tecnologías de la Información S.L., Deselca Eventos S.L. y Sosees Media S.L., cuya deuda con la TGSS asciende a cantidades significativas: 71.579 euros, 51.937 euros y 45.332 euros, respectivamente.

La Fiscalía agrega que, con la intención de obstaculizar la labor de cobro de la TGSS, el empresario no solo dejó de presentar los datos de cotización, sino que aprovechó en 2019 la creación de Sosees, que no tenía deudas, para facturar servicios entre sus propias empresas. De este modo, Eduardo G.A. logró facturar a Servicios y Consultoría Especializada MC TIC a través de Sosees por un monto de 45.375 euros, eludiendo a los acreedores de Deselca, que habían contratado a los trabajadores involucrados en la prestación del servicio.

Este lenguaje oscuro y las maniobras empresariales delinean un caso que pone de relieve las dificultades que enfrentan las instituciones en su intento de salvaguardar los derechos de los trabajadores y asegurar la integridad del sistema de protección social. La situación genera un preocupante debate sobre las prácticas empresariales y la responsabilidad que tienen los empresarios hacia sus empleados y la sociedad en general.