El pasado 9 de noviembre, en la localidad de Arroyo de la Encomienda, Valladolid, se llevó a cabo una reunión clave entre el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y la directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo, María Pardo. El encuentro tuvo como objetivo abordar la grave situación que enfrenta la urbanización Arroyovereda, la cual se encuentra afectada por la ocupación ilegal de viviendas desde el año 2022.

Suárez-Quiñones expresó en la reunión la preocupación del gobierno regional ante las serias repercusiones que esta situación ha traído consigo. Según sus declaraciones, este fenómeno impacta negativamente en la convivencia, la seguridad y, en general, en la calidad de vida de los residentes, a la vez que contribuye al deterioro urbano y económico del área.

El consejero enfatizó que la Junta de Castilla y León apoya a los vecinos y se mantiene firme en la defensa de la legalidad. Desde este punto de vista, el gobierno autonómico se comprometió a trabajar de la mano del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda y de las Fuerzas de Seguridad para encontrar soluciones efectivas que contribuyan a restaurar la normalidad y a proteger los derechos de propiedad privada de los ciudadanos.

Asimismo, el Consejero afirmó que su departamento está en constante vigilancia de estas problemáticas, especialmente en lugares donde la ocupación ilegal genera tensiones en la convivencia y la seguridad de la comunidad.

En un claro guiño a la necesidad de equilibrio social, Suárez-Quiñones reiteró que la Junta defiende el derecho a una vivienda digna, pero subrayó que esto debe darse en el marco legal sin vulnerar los derechos de los propietarios o el bienestar de las comunidades afectadas.

Por su parte, los vecinos aprovecharon la ocasión para expresar su descontento por la prolongación del conflicto, que ha impactado a numerosas viviendas de la Sareb. Detallaron problemas de inseguridad, deterioro de los espacios comunes y una significativa pérdida de valor de sus propiedades que se ha extendido por más de tres años.

Además, manifestaron su frustración por lo que consideran una falta de acción efectiva por parte del Gobierno de España y la Sareb. Los residentes exigieron procesos judiciales más ágiles y la implementación de medidas precisas para prevenir nuevas ocupaciones.

Ante esta situación, el consejero reafirmó el compromiso de la Junta de proteger los derechos de aquellos ciudadanos que padecen estos inconvenientes y mostró apoyo hacia iniciativas y reformas que favorezcan una respuesta más rápida ante la ocupación ilegal.

Por último, la Junta hizo un llamado claro a revisar ciertos cambios normativos introducidos por el Gobierno central, señalando que la Ley por el Derecho a la Vivienda parece favorecer a los ocupantes ilegales, lo que complica la recuperación de propiedades legítimas y fomenta un clima de inseguridad y conflicto entre vecinos.

En este contexto, Suárez-Quiñones subrayó que la ocupación ilegal no tiene justificación y reiteró la intención de llevar a cabo una acción conjunta entre todas las administraciones para combatir esta problemática, enfocándose en restablecer la seguridad, la convivencia y la confianza entre los vecinos.