El debate sobre el presupuesto de Castilla y León para 2026 está en el centro de la controversia tras la solicitud de un informe al Consejo Consultivo por parte de Vox y el PSOE. Este informe es crucial debido a la falta de aprobación del techo de gasto no financiero, que se votará en el pleno del próximo 22 de octubre, lo que plantea serias dudas sobre la validez del proyecto de ley presentado por la Junta.

Laura Seseña, la letrada mayor de las Cortes, se encargará de formalizar el informe sobre si se debe dar trámite al proyecto presupuestario, en medio de críticas sobre su procedencia y legalidad. La ausencia de una partida específica, correspondiente a la Sección 20 de la Cámara, que debería haber sido elaborada antes por el Parlamento y no por la Junta, añade más presión a la situación, con los opositores denunciando el desdoblamiento de competencias.

La falta de consenso se hizo evidente en la última reunión de la Mesa de las Cortes, donde se rechazó el presupuesto de la Sección 20. Ángel Ceña recordó que, según el reglamento, dicha sección debe ser elaborada por la Mesa, un hecho que el PSOE y Vox han subrayado como una falta de respeto a los procedimientos legislativos establecidos.

Ambos grupos políticos han expresado su intención de llevar este tema al Consejo Consultivo para que analice aspectos como la legalidad y la adecuación del proyecto. El artículo 27 del reglamento de las Cortes establece de manera inequívoca que la sección 20 debe ser elaborada previamente por el Parlamento, un paso que la Junta no ha cumplido, exacerbarando así las tensiones políticas.

David Hierro, miembro de Vox, no escatimó en cargar contra el presupuesto, llamándolo “el presupuesto del tocomocho”, mientras que la portavoz socialista, Patricia Gómez Urbán, criticó el proyecto tildándolo de “timo de la estampita”. A juicio de la oposición, estas cuentas carecen de una justificación sólida y son, en sus palabras, un “trampantojo” que no refleja la realidad económica de la comunidad.

Gómez Urbán también hizo un llamado a la responsabilidad política, instando al presidente de la Junta a retirarse de su cargo debido al evidente desgaste del Gobierno. Resaltó las contradicciones internas que enfrenta el PP, aludiendo a las abstenciones que evidencian falta de apoyo incluso dentro de su propio grupo.

La exigencia de Patricia Gómez a favor de un trato respetuoso hacia Castilla y León encontró eco en Hierro, quien cuestionó la lógica de presentar un presupuesto sin un marco financiero claro. Además, advirtió que la inadecuada presentación del techo de gasto podía llevar a la Junta a un callejón sin salida en el proceso presupuestario si no se logra su aprobación el próximo miércoles.

Con ironía, Hierro denunciaba la apresurada gestión de la Junta, acusándola de actuar bajo presiones externas, en referencia a directrices del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, buscando evitar la situación de prórroga de cuentas que afecta al gobierno central.

Los opositores también destacaron la falta de respaldo legal, advirtiendo que el proyecto de Presupuestos no se apoya en la habitual ley de acompañamiento, que incluiría medidas fiscales y deducciones, necesarias para la implementación efectiva del presupuesto. La ausencia de esta ley fue calificada por Ceña de "irregular", sugiriendo problemas subyacentes en la gestión del presupuesto que podrían ser utilizados políticamente por el PP.

Finalmente, Francisco Igea se mostró escéptico sobre el futuro del proyecto presupuestario, manifestando incertidumbre sobre el camino que tomará la Mesa en este proceso, lo que demuestra la tensa y cambiante dinámica política en Castilla y León.