En Castilla y León, el reciente debate en las Cortes ha dejado claro que el tema de los incendios forestales es una prioridad apremiante. A pesar de la abstención del Partido Popular (PP) y Vox, se ha aprobado una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el PSOE, que exige la creación urgente de una ley integral para combatir estos desastres y un presupuesto adicional de 180 millones de euros anuales destinado a la limpieza de montes y espacios forestales.

El procurador José Luis Vázquez, del PSOE, defendió la propuesta señalando la irresponsabilidad del gobierno autonómico bajo la dirección de Alfonso Fernández Mañueco. Vázquez acusó a la Junta de "despreciar" un sector crucial que ha sufrido durante un verano devastador, donde más de 145.000 hectáreas se vieron afectadas por las llamas, emulando la tragedia de 2022 en varias provincias. "Desde 2021 venimos advirtiendo, y aún no se actúa con la necesarias seriedad", subrayó, cuestionando la falta de medidas efectivas para salvaguardar los bosques de la región.

El PSOE logró que se aprobara la implementación inmediata de ayudas para compensar las pérdidas por incendios, así como planes de reforestación y recursos para los municipios perjudicados. Vázquez concluyó recordando una reciente carta de la Asociación de Propietarios Forestales, donde expresaron su "honda indignación" por la omisión institucional hacia sus 700.000 miembros, quienes, según él, han sido desatendidos por la Junta.

En un tono crítico, Vázquez también hizo alusión a la inminente llegada de las elecciones autonómicas, sugiriendo que será necesario un cambio urgente para garantizar que situaciones tan traumáticas como las de este año no se repitan. Pablo Fernández, de Unidas Podemos, aportó a la discusión, honrando la propuesta del PSOE con la esperanza de que la lucha contra el fuego esté en la agenda política colectiva a partir de marzo.

El procurador José Ramón García de UPL también mostró su apoyo a la PNL, afirmando que las propuestas son "esenciales" para una comunidad que, cada verano, enfrenta incendios devastadores sin aprender de errores pasados. Relató las calamitosas consecuencias de este año en comarcas leonesas como El Bierzo, donde se han perdido montes y patrimonio cultural en cuestión de días. "Se necesita una normativa que integre prevención, extinción y recuperación", enfatizó, exigiendo una financiación adecuada y estable para el manejo forestal.

Además, García instó a implementar el fondo forestal estipulado en la Ley de Montes de 2009, el cual no ha sido utilizado hasta la fecha, sugiriendo que la educación ambiental y la reactivación de planes comunitarios son fundamentales para que no se repitan tragedias similares en el futuro.

Desde Vox, el procurador José Antonio Palomo justificó la abstención de su partido, señalando que tanto el PSOE como el PP son responsables del deterioro de la agricultura y el campo, acusándolos de promover políticas contrarias a los intereses de este sector. Criticó lo que denominó "ideología climática" que ha perjudicado más al medio rural que los mismos incendios, sugiriendo que las soluciones propuestas a menudo resultan ser eternas y nunca se materializan, citando ejemplos de ayudas nunca recibidas tras desastres anteriores.

Palomo insistió en que no se requieren más leyes, sino menos obstáculos para recuperar prácticas tradicionales de gestión del territorio. Rechazó la narrativa del PSOE y el PP, acusándolos de aprovecharse de la crisis en lugar de ofrecer soluciones efectivas. "El respeto a quienes trabajan el campo es crucial, porque su desaparición equivaldría al colapso del medio rural que dicen proteger", denunció.

El debate se cerró con la intervención del procurador del PP, Francisco Javier Carpio, quien defendió la labor de la Junta frente a incendios y cargó contra el gobierno central por los recortes en equipos destinados a la lucha contras las llamas. Argumentó que el verano de 2023 enfrentó circunstancias sin precedentes, justificando la necesidad de un enfoque más robusto y coordinado para combatir futuros incendios.

Carpio destacó que la situación actual con menos aeronaves y disminución en la capacidad de intervención es crítica, y reclamó a la administración central un aumento en el financiamiento, haciendo eco de la preocupación general por la ineficiencia en los recursos necesarios para proteger los vastos espacios forestales de Castilla y León. Propuso un llamado a trabajar en unidad y a ser responsables en la planificación y el apoyo a iniciativas que prevengan y mitiguen futuros desastres, enfatizando la importancia de una estrategia coherente y continua para salvaguardar el patrimonio natural de la comunidad.