VALLADOLID, 11 de julio.

En un clima de tensión política, la consejera de Educación, Rocío Lucas, se dirigió este viernes al Grupo Socialista, sugiriendo que evitaran "ponerse estupendos" respecto al ciberataque que el pasado 31 de mayo afectó al sistema educativo de Educacyl, exponiendo datos sensibles de estudiantes y padres. La consejera hizo una comparación con un incidente reciente en el que un joven hackeó las cuentas del presidente Pedro Sánchez y otros ministros, iluminando un contexto más amplio sobre la vulnerabilidad digital.

“Un joven de 19 años está ofreciendo sus datos a la venta por 60 euros, y no he escuchado a ustedes pronunciarse sobre este asunto”, afirmó Lucas, quien subrayó que todo lo que sabía acerca del incidente había sido compartido “en cada momento”. La consejera insistió en que la Junta había actuado con la mayor transparencia posible dentro de las limitaciones de la situación.

Lucas defendió su posición durante una intervención en la Comisión Extraordinaria de Educación, donde atendió la solicitud de los socialistas para discutir las repercusiones de recientes sentencias desfavorables para la Junta. A pesar de que el presidente de la Comisión, Pedro Antonio Heras Jiménez del PP, le recordó que no estaba obligada a abordar temas ajenos al propósito de la comparecencia, la consejera hizo énfasis en las explicaciones ofrecidas previamente, advirtiendo al PSOE que “no todo vale” en el discurso político.

En respuesta a Fernando Pablos, portavoz de Educación del Grupo Socialista, quien le instó a aclarar el ciberataque, Lucas manifestó que no le incomodaba su presencia en la Comisión, aunque reconoció que el ciberataque es un tema más actual que las sentencias discutidas. Sin embargo, el asunto no fue priorizado ya que no estaba en la agenda cuando se programaron las sesiones de julio.

Pablos también subrayó la urgencia de tomar decisiones políticas ante el riesgo que representa la seguridad digital en Castilla y León, citando alarmas emitidas por profesionales informáticos sobre la falta de implementación del esquema nacional de seguridad por parte de la Junta, una normativa que es de cumplimiento obligatorio para todos los entes públicos.

Por su parte, desde el Grupo Vox, la procuradora María Luisa Calvo arremetió contra la gestión de Lucas, señalando que el ciberataque ha puesto en duda la eficiencia de la Consejería de Educación, que ha sido acusada de falta de claridad y transparencia. Calvo recordó que, al principio, Lucas negó el incidente en un foro parlamentario, y sólo semanas después, tras la cobertura mediática, se admitió que hubo una vulneración del sistema y se iniciaron investigaciones.

La procuradora de Vox también le reprochó a la consejera que permitiera que la plataforma educativa continuara operativa sin una advertencia clara a los usuarios, ni notificación inmediata a la Agencia Española de Protección de Datos ni a los afectados. “La respuesta fue lenta y estuvo marcada por una evidente falta de coordinación”, concluyó Calvo, sentenciando un panorama de inquietud sobre la efectividad de las medidas de seguridad en el ámbito educativo.